La libertad de expresión está bajo asedio. Los allanamientos y posterior encarcelamiento del presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, sucedidos entre el viernes 29 y sábado 30 de julio y encabezados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) parecieran ser parte de un ataque coordinado por las autoridades gubernamentales en contra de la libertad de prensa.
Zamora fue enviado a prisión preventiva (luego de esperar por doce días a que iniciara y finalizara la audiencia de primera declaración). El MP, a través de la FECI, ha confirmado que se trata de un caso por la supuesta comisión de los delitos de “lavado de dinero”, “chantaje” y “conspiración para lavado de dinero”. El fiscal de la FECI, Rafael Curruchiche ha insistido en que persigue a Zamora por su papel “como empresario y no como periodista”.
Pero los tiempos despiertan dudas. El arresto de Zamora ocurre en los momentos más bajos del Gobierno actual, con una aceptación de apenas el 19% (la más baja de Latinoamérica), según estadísticas divulgadas por agencias internacionales. Además, elPeriódico ha sido uno de los medios más críticos con la gestión actual, divulgando múltiples indicios de casos de corrupción en ministerios, secretarías y hasta en los propios sistemas de justicia.
Además, los perseguidores de elPeriódico, el fiscal de la FECI Rafael Curruchiche y la fiscal general del MP Consuelo Porras, han sido incluidos en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos; una lista que sanciona a los individuos que, de acuerdo con el país norteamericano, socavan la democracia, a los corruptos y quienes obstruyen investigaciones por corrupción.