“El Gato” Gudiel, el abogado de militares, un pastor y un narco
La carrera, sombras y escándalos del abogado Francisco García Gudiel, que ahora permanece detenido por una supuesta operación de lavado de dinero.
martes 16 agosto 2022
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La carrera, sombras y escándalos del abogado Francisco García Gudiel, que ahora permanece detenido por una supuesta operación de lavado de dinero.
Los tribunales se han acostumbrado a verlo allí, siempre acompañado de figuras cuestionadas, con saco, corbata, un bigote frondoso y unos ojos grandes y redondos que, además de mantener muy abiertos, le han dado vida al apodo con el que se le conoce: “El Gato”.
Francisco García Gudiel es un personaje polémico, que ha personificado al abogado del diablo en múltiples ocasiones, basta con ver su historial de defensas. En los tribunales, “El Gato” es conocido por defender a exfuncionarios, empresarios, militares, narcotraficantes y hasta un cuestionado pastor evangélico; algunos vinculados con casos de corrupción o crímenes de lesa humanidad, entre otros.
El abogado también ha sido cuestionado por sus posibles influencias, a través de su hermano, Hugo Fernando García Gudiel quien fue diputado en la pasada legislatura y luego de no ser reelecto fue nombrado en un puesto titular de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala en representación del Organismo Legislativo.
Su sobrino, Mario Renato Monterroso Gudiel, fue detenido en mayo de 2020 por un caso de corrupción en el Ministerio de Cultura y Deportes, donde fungía como viceministro.
Ahora, el defensor necesita ser defendido. Hoy, permanece en prisión preventiva por una supuesta operación de lavado de dinero. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) acusa a García Gudiel y su socio de origen colombiano, William Darío Molina Ruiz, por un supuesto lavado Q59 millones y por ocultar a personas que permanecían prófugas por un caso de corrupción.
¿Pero cómo llegó García Gudiel a sentarse en el banquillo de los acusados? ¿Quiénes son los clientes de su polémico portafolio? Todos los señalamientos en su contra, enfrentamientos con la Justicia y personajes que han desfilado por su clientela, narran una historia en la que sobran personajes imputados con fuertes delitos y una constante: “El Gato”.
La semana pasada, García Gudiel fue capturado en operativo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que reveló que habría realizado operaciones para ocultar Q59 millones y esconder a personas señaladas en el caso “Construcción y Corrupción”.
Según las investigaciones, García Gudiel y Molina Ruiz ocultaron al exdiputado José Guillermo Samayoa Soria, y a otras tres personas, en una residencia ubicada en el kilómetro 22 de la ruta CA-1 Oriente, para que la Policía Nacional Civil no ejecutara su aprehensión.
García Gudiel le advirtió a Samayoa Soria de que sus bienes y cuentas bancarias serían embargados y sometidos a un proceso de extinción de dominio, por lo que le sugirió que le trasladara el dinero a sus cuentas, lo que justificaría como pago de sus honorarios por servicios profesionales.
Según el Ministerio Público (MP), García Gudiel recibió Q19 millones entre el 28 de julio y el 7 de octubre de 2017, mediante tres movimientos bancarios. Esto sabiendo que el dinero provenía de actividades ilegales debido a su profesión de abogado, refirió el fiscal.
Además, entre el 7 de agosto y el 19 de octubre de 2017, Molina Ruiz obtuvo Q40.3 millones por medio de 13 transferencias, estos fueron depositados en las cuentas bancarias de Building, S. A., Inmobiliaria RGR, S. A., Galcorsa, S. A., Inversiones Mobiliarias y Más, S. A. –sociedades mercantiles vinculadas a García Gudiel y Molina Ruiz–, así como a la cuenta personal del sindicado.
El origen de los recursos eran las sociedades controladas y dirigidas por Samayoa Soria: M&C Construcciones, Corporación de Ingeniería Civil y Construcciones, S. A. y Servicios Industriales de Salamá, S. A., detalló la Fiscalía.
A García Gudiel y su socio Molina Ruiz se les señala de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. Ambos permanecerán en prisión provisional en Mariscal Zavala y el Preventivo de la zona 18, respectivamente. La primera declaración fue programada para el 30 de abril.
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En abril de 2018, el Ministerio Público (MP) presentó una denuncia contra Francisco García Gudiel por supuestamente haber incurrido en el delito de usurpación de calidad, ya que continúo litigando en los tribunales a pesar de una sanción del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), aplicada el 17 de diciembre de 2017 que le prohibía ejercer.
Según la querella, el 13 de febrero el letrado se presentó al Juzgado D de Mayor Riesgo a una audiencia del caso “Construcción y Corrupción” donde actuó como defensor del sindicado José Guillermo Samayoa Soria, a pesar que ya estaba suspendido por el Tribunal de Honor.
García Gudiel fue castigado luego de una denuncia que interpuso Ramón Cadena, de la Comisión de Juristas para Centroamérica, por la actitud agresiva observada hacia la jueza Yassmín Barrios, del Tribunal A de Mayor Riesgo, quien presidió en su momento el debate oral por genocidio contra el general Efraín Ríos Montt.
La sanción consistió en una multa de Q5 mil 40, amonestación pública y la suspensión por un año del servicio profesional, pero al ser consultado entonces, dijo que ya había realizado el pago de su colegiación en el CANG y que la suspensión no estaba vigente ya que debía ser ratificada por la Asamblea General del Colegio de Abogados para que fuera efectiva.
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En 2013, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) lo suspendió de ejercer su cargo por “faltas gravísimas al Código de Ética” al faltarle el respeto a la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo “A” Yasmín Barrios y al juez Pablo Xitumul durante las audiencias del juicio contra Efraín Ríos Montt –que fue condenado a 80 años de prisión, pero luego la CC anuló la sentencia al considerar que hubo “vicios de procedimiento”– por el caso de genocidio.
García Gudiel se unía así a su colega Vernon Gonzáles Portillo –abogado de Roxana Baldetti, Partido Patriota, Registro General de la Propiedad y del diputado Gudy Rivera–, a quien el CANG también impuso un año de suspensión, amonestación y multa de Q42 mil por el caso Tradeco. Ambos pudieron apelar el castigo ante los Colegios Profesionales.
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Su defensa al expresidente de facto Efraín Ríos Montt es, al menos hasta ahora, el caso más recordado en la trayectoria de “El Gato”. Sobre todo, porque fue un caso perdido para el abogado: Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por genocidio, en lo que fue una sentencia histórica muy celebrada por la comunidad internacional y la sociedad civil. Sin embargo, diez días después y en lo que fue una polémica decisión, la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la sentencia ordenando la repetición del juicio. Ríos Montt falleció en abril de 2018, mientras enfrentaba un nuevo juicio de carácter especial que contemplaba la posibilidad de imponerle medidas de seguridad, mas no la prisión.
“El Gato” acaparó la atención del público, por su estilo de debate oral, en el que solía levantar la voz y arrojar insultos. Tras una oleada de señalamientos, el abogado fue sancionado por insultar a la jueza Yasmin Barrios y al juez Pablo Xitumul. Te lo contamos con más detalles en el apartado “Sanción por el Colegio de Abogados de Guatemala”.
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El 16 de abril de 2015, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron el caso de defraudación aduanera denominado “La Línea”. En octubre de 2017, el expresidente fue enviado a juicio y en 2018 fue representado por “El Gato” para las audiencias por el caso.
Pérez Molina fue procesado por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito. Pero su defensa, integrada por García Gudiel, se ha caracterizado por ralentizar el caso, una y otra vez. Por ejemplo, Pérez Molina ha utilizado la asistencia de siete abogados para presentar sus incidentes, dentro de los cuales se encuentran dos recusaciones con las que buscaba separar al juez Gálvez del caso. La Sala tardó 71 días y 56 días, respectivamente, en resolver las dos recusaciones planteadas por el expresidente.
Además, Pérez Molina –señalado de liderar junto con Roxana Baldetti la estructura– recurrió cinco veces a la Corte de Constitucionalidad (CC) para apelar por los amparos e inconstitucionalidades planteadas en contra de las disposiciones judiciales. Esas acciones fueron resueltas por los magistrados en un tiempo promedio de siete meses, según los registros del Organismo Judicial.
En total, Pérez Molina accionó 37 veces en el proceso por el que fue enviado a juicio en octubre de 2017. “No sé qué ganan con estar retrasando el caso, ellos –los acusados– deberían ser los más interesados en que se resuelva su situación legal”, dijo entonces a elPeriódico el juez del caso, Miguel Ángel Gálvez, resaltando que las partes procesales presentaban varios recursos con los que pretendían retrasar los procesos.
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En el portafolio de “El Gato” también figura otro personaje acusado, esta vez del sector Justicia. Se trata de la exjueza Marta Sierra de Stalling que enfrenta una acusación por el caso denominado “Bufete de la Impunidad”.
Según las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Sierra de Stalling habría negociado con los abogados que conforman este Bufete para otorgar medidas sustitutivas a seis implicados en el caso “La Línea”.
En septiembre de 2015, la exjueza fue ligada a proceso y enviada a prisión preventiva a la cárcel del cuartel Matamoros.
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Pero los clientes de “El Gato” no solo son nacionales. Su cartera también incluye a personajes extranjeros, como el mexicano Ramón Antonio Yáñez Ochoa, un narcotraficante condenado por el “Caso Kerkaporta” y que a la fecha está prófugo de la justicia.
Yañez, que fue detenido en septiembre de 2012 en su apartamento de la zona 14, fue condenado a 28 años de prisión por tráfico de drogas, contrabando y lavado de dinero en el “Caso Kerkaporta”. Sin embargo se fugó del Centro Penal Pavoncito (en Fraijanes, Guatemala) con una orden de libertad falsa. La Dirección General del Sistema Penitenciario aseguró en su momento que el recluso salió con una orden judicial legítima, de acuerdo con el protocolo de verificación establecido.
Desde entonces nada se sabe sobre el paradero del mexicano, que continúa prófugo de la Justicia.
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Los servicios de “El Gato” también han llegado a la Antigua Guatemala. Allí defendió a Adolfo Vivar Marroquín, el exalcalde de la ciudad colonial que ahora enfrenta una condena por un desfalco de por lo menos Q20 milllones.
En octubre de 2019, el Tribunal B de Sentencia de Mayor Riesgo dictó sentencia al exalcalde por 16 años de prisión inconmutables por lavado de dinero u otros activos, peculado, fraude y concusión.
Vivar Marroquín, que perteneció al extinto Partido Patriota (PP), fue capturado en septiembre de 2012. Según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el exfuncionario con la ayuda de familiares y antiguos trabajadores conformaron una red de empresas de cartón a las cuales se les adjudicaban contratos sobrevalorados.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) señaló que Vivar sustrajo Q20 millones de la corporación edil entre 2008 y 2013 mientras dirigía la comuna.
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En mayo de 2019, diez personas implicadas en el despojo de tierras a campesinos de Petén en el expediente conocido como “Caso Génesis” recibieron sentencias condenatorias de entre dos y 16 años de prisión. En el banquillo, intentado defenderlos, estaba el abogado García Gudiel.
El Tribunal de Mayor Riesto “B” halló culpables a cinco miembros de la familia Mendoza y otros integrantes de la estructura criminal de cometer los delitos de lavado de dinero y usurpación agravada.
Walter Obdulio Mendoza Mata, líder de la red criminal, fue condenado a 16 años de prisión y debió cancelar una multa de Q3 millones 185 mil 585. El tribunal lo absolvió del delito de asociación ilícita.
Una investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) determinó que la estructura criminal buscó a familias beneficiadas por el Fondo de Tierras (Fontierras) y las forzó a abandonar sus tierras.
La red criminal utilizó la ayuda de notarios para legalizar el traspaso de los bienes y validar las inscripciones ante el Registro General de la Propiedad logrando apoderarse de forma ilícita de al menos 28 fincas.
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No hay nada peor que un cliente insatisfecho. A “El Gato” las molestias del exdiputado y excontratista Guillermo Samayoa Soria le han salido muy caras.
García Gudiel le ofreció a su cliente, señalado por corrupción, una supuesta fórmula para ocultar Q59 millones, que al paso de los meses y años, se resistió a devolver. La situación molestó al excongresista y contratista que se sintió “estafado” y le contó su historia a la FECI.
Samayoa Soria es uno de los contratistas acusados por el MP en el caso “Construcción y Corrupción” como uno de los usuarios de la “ventanilla especial” en el Ministerio de Comunicaciones, para que a cambio de sobornos se gestionara o agilizara el pago de deuda de arrastre o se les adjudicaran nuevos proyectos públicos.
Cuando el contratista y exdiputado del Partido Patriota sintió cerca la persecución penal, en 2017, buscó a García Gudiel reconocido por su trayectoria y por compartir el credo evangélico. El abogado le ofreció a Samayoa una fórmula para resguardar Q59 millones ante un inminente embargo judicial.
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El credo religioso también se ha colado dentro del portafolio de clientes de “El Gato”. Y es que cuando el dinero y el credo se unen, la defensa debe ser de hierro. Al menos así lo comprobó el abogado cuando defendió y asesoró legalmente al líder religioso Carlos “Cash” Luna, investigado por el Ministerio Público (MP) por supuesto lavado de dinero.
El medio Univisión publicó en 2018 un reportaje que vincula al religioso de recibir aportes económicos de la narcotraficante Marllory Chacón para la iglesia evangélica Casa de Dios. Luego de la publicación de Univision, el Ministerio Público informó que había iniciado una investigación para indagar sobre los supuestos vínculos del pastor con Chacón.
Casa de Dios y Cash Luna plantearon una demanda legal tras la publicación del reportaje “Magnates de Dios”. Sin embargo, un juez de Florida desestimó la demanda. La investigación del MP sigue su curso y fue iniciada “de oficio” según lo anunciado por la institución en 2018.
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Tras la captura de “El Gato” y el proceso pendiente en su contra, expertos consultados por elPeriódico aseguran que García Gudiel podrá designar a otro abogado para que lo represente en las audiencias que tenga programadas con sus clientes, mientras solventa su situación jurídica. Quizás no pueda estar de manera presencial por algún tiempo, pero la sombra de García Gudiel no abandona unos tribunales que no olvidan sus formas ni sus maneras. Y es que “El Gato” siempre estará allí, junto a los personajes más polémicos. Como reza el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres.
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