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Durante la administración de Alejandro Giammattei, la constructora Opción Técnica, S.A. ha ganado Q1 mil 159 millones 198 mil 359.31 con el Estado.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a través del Fondo Social de Solidaridad (FSS) adjudicó el pasado 11 de noviembre un contrato que asciende inicialmente a Q95 millones 667 mil 500.88 a la empresa Opción Técnica, S.A. para que realice trabajos de mejoramiento a la carretera RD-GUA-12 km 74.200-km 79.700, Chuarrancho, Guatemala.
“El proyecto consiste en el mejoramiento de la carretera Ruta Departamental Guatemala 12 (RD-GUA-12), el cual consistirá en la colocación de una carpeta de rodadura de concreto asfáltico entre el kilómetro 74.200 (aldea San Bernardo) y el kilómetro 79.700 (Puente La Canoa), con una longitud de 5.50 kilómetros y un ancho de rodadura variable, clasificada como una sección típica D modificada, ubicado en el municipio de Chuarrancho del departamento de Guatemala”, indican las autoridades en las bases de licitación publicadas en el NOG 18108032 de Guatecompras.
Para la ejecución de la obra, el contratista también deberá realizar trabajos preliminares de “movimiento de tierras, reacondicionamiento de la subrasante existente, colocación de sub base granular con un espesor de 30 centímetros, colocación de base de grava o de piedra triturada con un espesor de 20 centímetros, colocación de la estructura del concreto asfáltico con espesor de 8 centímetros, obras de drenaje mayor y menor, señalización horizontal y vertical, y los trabajos adecuados para la mitigación ambiental”.
La oferta presentada por Opción Técnica, S.A. fue la única que recibió el FSS durante el proceso de licitación pública y el proyecto se financiará con fondos ordinarios de dicha unidad ejecutora del CIV aprobados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022.
En julio de 2019, la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI) del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) realizaron decenas de allanamientos en distintos puntos del país para capturar a exfuncionarios, empresarios y particulares que integraron una red de corrupción en el Ministerio de Salud durante el gobierno de Otto Pérez Molina.
Según las investigaciones, en 2012 con el nombramiento de Jorge Villavicencio Álvarez como ministro de Salud, surgió una estructura criminal que realizó negocios ilícitos en dicha cartera.
De acuerdo con las pesquisas, Villavicencio junto con su hija Cándida Saraí Villavicencio Delgado, su asesor Jorge Estévez Cabrera y el exdiputado Luis Fernando Pérez Martínez lideraron esta estructura criminal integrada por más de 50 personas, entre funcionarios públicos, diputados, empresarios y particulares.
Al llegar al Ministerio de Salud la estructura criminal “exploró” qué negocios se podían realizar en dicha institución, sin embargo, al no poder acceder a las comisiones por la compra de medicamentos, la cual estaba “cubierta por la exvicepresidenta Roxana Baldetti y una persona de apellido Jarquín”, los señalados identificaron otros rubros, como las compras de bienes y servicios, la construcción de hospitales y centros de salud, las contrataciones de personal y la adquisición de medicamentos. Según consta en declaraciones ministeriales.
Dentro de las empresas señaladas de dar sobornos a cambio de recibir contratos en la cartera dirigida entonces por Jorge Villavicencio, se encuentra, según las investigaciones, Opción Técnica, S. A. y su entonces representante legal Nicolás de Jesús Acevedo Sandoval.
De acuerdo con las investigaciones, de la fiscalía y las declaraciones de Jorge Estévez Cabrera, primo del expresidente Jimmy Morales y colaborador eficaz en el caso, el entonces diputado Luis Fernando Pérez designó a Juan Manuel Peláez Corzo, como intermediario entre el Ministerio de Salud y las constructoras que se verían beneficiadas con contratos por excepción otorgados tras el terremoto de San Marcos.
Dentro de estas, según la información recabada, se encontraba Opción Técnica S. A. la cual recibió cuatro contratos sin licitar y a cambio Acevedo Sandoval habría entregado el 15 por ciento de comisión a la estructura integrada por Estévez, quien aceptó haber recibido parte de los sobornos junto con Pérez, la hija del ministro Villavicencio, Saraí, y Peláez.
Por este caso, el MP acusó al entonces representante legal y gerente general de Opción Técnica, Nicolás de Jesús Acevedo Sandoval, de testaferrato y cohecho activo.
La FECI también estableció que de las comisiones ilegales por la adjudicación de obras encargadas a raíz del Estado de Calamidad Pública, el entonces secretario privado de la Presidencia Juan de Dios Rodríguez y su intermediario Roberto Samuel Dávila Meza recibieron al menos Q7 millones.
En tanto que a los líderes de la estructura, Saraí Villavicencio y Luis Fernando Pérez (así como otros particulares y personal del Ministerio de Salud), les correspondieron Q12 millones. Estévez Cabrera aportó además de su testimonio, documentación, correos electrónicos y comunicaciones que realizaron en su momento para la concertación de los negocios.
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