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El periodista Jose Rubén Zamora ha sufrido intentos de asesinato, allanamientos en su vivienda y últimamente hasta la cárcel, como consecuencia de la intolerancia de las autoridades de turno que se ven afectadas por el descubrimiento de hechos de corrupción.
elPeriódico arribó el pasado 6 de noviembre a su vigésimo sexto año de creación. Desde el primer día, sus portadas fueron dedicadas a casos de corrupción y malos manejos de mandatarios y funcionarios que probaron las mieles del poder y se aprovecharon de las arcas del erario nacional.
Los trabajos periodísticos han significado intentos de ahogamiento financiero en contra de elPeriódico, el allanamiento a la residencia del periodista Jose Rubén Zamora y su posterior secuestro e intento de asesinato, como parte de varias tentativas para acallar las publicaciones contra funcionarios corruptos, miembros de la narcocleptocracia en el país. Actualmente Zamora se encuentra en prisión, como consecuencia de un caso montado por las autoridades de turno. Los ataques no han logrado quebrantarnos, más aún, han servido para que continuemos realizando esfuerzos mayores con el fin de ofrecer investigaciones cada vez más rigurosas a nuestros lectores, a quienes nos debemos. En honor a tal reconocimiento,elPeriódico da a conocer algunos de los reportajes investigativos más impactantes durante el transcurso de 26 años, a partir de su fundación en 1996.
Los 13 cheques que delatan a Jimmy y Patricia
Esta investigación revela que entre 2014 y 2015, el presidente Jimmy Morales Cabrera y su esposa recibieron, y cobraron, 13 cheques por casi Q1 millón de la Corporación Fulanos y Menganos, los cuales procedían de un contrato de suministro de alimentos que está empresa tenía con una institución del Estado, que Morales utilizó para financiar su campaña presidencial. El exmandatario tiene un proceso judicial abierto por este caso, el cual no avanzó durante su mandato presidencial (2016-2020) debido a que gozaba de inmunidad y le fue rechazado el antejuicio en su contra.
El narco (piloto) y los tres presidentes
El testimonio de Guillermo Lozano Bauer relata la cercanía del narco con el poder político en Centroamérica. Frente a un juez en Estados Unidos recordó cómo transportó drogas y dinero para capos como el Compa, Los Valle, Los Cachiros y Los Lorenzana; y cómo se convirtió en el piloto del presidente Otto Pérez y de los mandatarios Manuel Zelaya y Porfirio Lobo en Honduras. “Tu vida corre peligro. Te quieren matar, sospechan que colaboras con nosotros porque estás volando para el presidente Otto Pérez Molina… tienes que irte”, le dijo un agente de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés). Ese día de enero de 2013, la vida de Guillermo Lozano tuvo un giro que lo obligó a huir de Guatemala.
El financista y jefe de la Seguridad de Álvaro Colom, Carlos Quintanilla, quien representaba los intereses de los cuerpos y poderes clandestinos durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dio pasos firmes en el Ejecutivo: en cinco meses logró colocar en todos los puestos estratégicos de seguridad nacional a 21 personas de su confianza, miembros de poderes paralelos. Un artículo del presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, desenmarañó las relaciones entre varios funcionarios públicos nombrados durante los primeros cinco meses de gestión del presidente Álvaro Colom y su financista y jefe de Seguridad, Carlos Quintanilla. Llamado Charlie por sus amigos y conocidos, era la pieza clave del crimen organizado durante el gobierno de la UNE.
El reportaje significó para Zamora un atentado, cuando sus secuestradores lo dejaron tirado en un terreno baldío de Chimaltenango, dándolo por muerto.
La mafia, el Ejército y el desenlace: allanamiento ilegal a la casa de Zamora
El presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, sacó a flote una estructura criminal de la institución armada que trabaja institucionalmente desde 1982, hasta la fecha ha cogobernado y codirigido Guatemala con los diferentes gobiernos de turno.
La publicación del reportaje dio como resultado el allanamiento ilegal a la residencia de Zamora, lugar donde incursionaron 14 miembros elite de la contrainteligencia militar del Estado Mayor Presidencial, conocida con el nombre del Archivo.
Los victimarios amenazaron de muerte a los miembros de la familia de Zamora, quienes debieron presenciar en más de una ocasión cuando simulaban con armas su ejecución. Luego del ataque, Zamora permaneció en el país, aunque su familia se fue al exilio por primera vez.
La fortuna oculta de Érick Archila
Esta investigación documentó cómo el ministro de Energía y Minas del Gobierno Patriota, Érick Archila, adquirió por medio de sociedades anónimas vinculadas a sus empleados varias oficinas y apartamentos exclusivos valorados en más de Q20 millones.
Los fondos provenían de supuestas inversiones en publicidad que empresas mineras, petroleras y de generación de energía hacían en su canal de televisión, cuando este fungía como ministro de Energía y Minas (2012-2015). El 11 de diciembre de 2020, el Ministerio Público acusó a Archila y a los empleados de sus empresas de haber cobrado sobornos por más de Q75 millones.
Sus trabajadores fueron capturados mientras que Érick Archila tiene orden de captura y el MP está a la espera de que sea extraditado de Estados Unidos, donde reside.
El desfalco al Estado Mayor Presidencial
En marzo de 2005, elPeriódico dio a conocer una serie de reportajes sobre cómo se desviaron recursos del Estado Mayor Presidencial a cuentas relacionadas con sus miembros en el periodo del expresidente Alfonso Portillo. La investigación determinó que, en cuatro años, oficiales en activo del Ejército retiraron en efectivo Q184 millones de las cuentas del Estado Mayor Presidencial (EMP).
La nota detalló, además, que cuatro personas retiraron Q20 millones por gastos de representación, aunque en ningún documento del EMP se especificó qué cubrían esos gastos o a quiénes se pagaba.
Moto hace campaña sin aclarar cómo costea los traslados aéreos
Cuando Mynor Moto era candidato a magistrado de la CC se desplazó a diferentes sitios del país para promocionar su participación. Según registros, la avioneta era propiedad de Kenmore Crew Leasing Inc. Trustee, aunque fuentes consultadas aseguraron que el propietario de la aeronave, cuya matrícula es manejada por Estados Unidos, es el constructor Alejandro Matheu Escamilla, el preferido del exministro de Comunicaciones José Luis Benito. Matheu constituyó la empresa Construcción y Mantenimiento, S. A. (SCM) el 6 de octubre de 2000. Antes de la gestión de Benito, la constructora SCM apenas recibió contratos por Q1 millón 186 mil en 2016 y Q9 millones 685 mil en 2017, mientras que durante los dos años de gestión de Benito recibió contratos por Q619 millones 172 mil 989.98. En 2018, el Ministerio de Comunicaciones le entregó Q370 millones 526 mil 574 mediante cinco adjudicaciones. En 2019, SCM fue beneficiada con cuatro contratos por Q248 millones 646 mil 415.98.
El agua mágica, el principio del fin de Baldetti
En febrero de 2015, se publicó una serie de reportajes que daban a conocer que Baldetti, aprovechándose de su cargo, influyó para otorgar la concesión de un contrato para la limpieza del Lago Amatitlán por valor de Q137.8 millones (US$17.96 millones) a la empresa israelí M. Tarcic Engineering LTD, por medio de una fórmula mágica que serviría para limpiar el lago. Finalmente se descubrió que la fórmula estaba compuesta de sal y cloro.
No obstante, el total defraudado al Estado y trasladado a otras cuentas “nacionales e internacionales” sumó 22,8 millones de quetzales (US$2.96 millones), aunque la sentencia reconoce que “lo planificado a defraudar” era “la exorbitante” cantidad total.
Los Constructores allegados al presidente del Congreso
La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y el Fondo para la Vivienda (Fopavi) beneficiaron a 12 empresas constructoras vinculadas a Alma Lucrecia González Lemus, exsocia del diputado Allan Rodríguez, presidente del Congreso, obtuvo contratos por más de Q141 millones con el Ministerio de Comunicaciones durante 2020.
El 11 de mayo de 2010, Allan Estuardo Rodríguez Reyes y Alma Lucrecia González Lemus se presentaron al Registro Mercantil para constituir la empresa Concha y Toro Sport Bar, un restaurante y expendio de licores ubicado en la colonia Bosques de San Nicolás, zona 4 de Mixco. Como dirección del propietario reportaron la vivienda de Rodríguez en San Cristóbal.
La caja chica de Sandra Torres
Maquillaje, salón de belleza, su seguridad personal, los honorarios de la empresa de su hijo que le manejaba sus redes sociales, los salarios de su personal doméstico y hasta los gastos del supermercado le eran cancelados a Sandra Torres Casanova, ex candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con los fondos aportados a dicho partido político por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por concepto de financiamiento público (deuda electoral).
Casi Q14 millones recibió el partido UNE entre 2016 y 2019 (unos Q3.5 millones anuales) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por concepto de financiamiento público por los resultados obtenidos en las elecciones generales de 2015.
Sancionados por robo de granadas ocupan altos cargos en el Ejército
Uno de los nueve penalizados es el Jefe del Estado Mayor de la Defensa ascendido a General de División. La carrera militar de Juan Manuel Pérez Ramírez registra dos promociones importantes durante la administración del presidente Jimmy Morales. El mandatario, en su calidad de Comandante General del Ejército, lo ascendió a General de División. Y en enero, Morales designó a Pérez Ramírez como jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN).
Pérez Ramírez es uno de los nueve oficiales superiores sancionados por el extravío de 1,449 granadas en el Comando Aéreo del Norte, en Petén, de acuerdo con datos que estuvieron a la vista de elPeriódico. Lo que para el Ejército es un extravío, es investigado como un posible desvío de municiones para el cartel mexicano de Los Zetas.
Financistas de Vamos evaden ley para venderle al Estado
Tras la victoria de Alejandro Giammattei en las elecciones presidenciales de 2019, cinco empresas que financiaron a la organización política Vamos, con la que Giammattei logró la silla presidencial, han recibido adjudicaciones por Q4.6 millones en instituciones estatales, a pesar de que la Ley de Contrataciones del Estado prohíbe ser proveedores públicos a quienes hayan financiado a organizaciones políticas o campañas electorales.
El incumplimiento se produjo debido a que el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), no estaba enlazado con la base de datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de las empresas y personas individuales que figuran como financistas electorales. Las empresas son ARM Aviación, S. A., José Alfonso Bosarreyes y Sipessa, y Carburantes del Atlántico.
Una offshore en Nevada vincula a Chévez con el hermano del ministro Degenhart
Antes de la captura de Mario Estrada, Ernesto Degenhart se había postulado como candidato a diputado por el partido UCN.
Una offshore en Nevada, Estados Unidos, une a dos actores vinculados con estructuras de poder de los dos últimos gobiernos: el hermano del ministro de Gobernación Ernesto José Degenhart Asturias y Jhonatan Harry Chévez –a quien el MP y la CICIG sindican por blanquear los sobornos captados por los exgobernantes del PP–. Chévez confirmó la sociedad desde el zaguán del apartamento que ocupa en Mariscal Zavala, adornado con plantas ornamentales y guarecido con sarán, para asegurarse algo de privacidad en uno de los estrechos callejones de la prisión habilitada en la Brigada Militar y que desde 2015 alberga a los acusados en casos de corrupción.
Cronología del negocio fraudulento de galletas en el Fodes
El ministro de Desarrollo, Raúl Romero, junto con tres empleados del Mides promovieron la compra de galletas vitaminadas por Q14.6 millones. Una semana después de que el Fondo de Desarrollo Social (Fodes), adscrito al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), adjudicó un contrato millonario para comprar galletas vitaminadas, documentos internos de esa cartera y una denuncia revelaron cómo el titular del Mides, Raúl Romero, junto con el director provisional del Fodes, Alan Barrientos Zúñiga, y dos empleados de esa dependencia, impulsaron la adquisición a última hora, pese a no contar con los documentos que la respaldaran. Luego de que elPeriódico diera a conocer la anomalía, el Ministerio dio marcha atrás con el contrato.
El Fondo de Desarrollo Social (Fodes) adjudicó la compra de pupitres, escritorios, pizarras y mobiliario escolar por Q24 millones 661 mil 482 a dos empresas vinculadas al diputado oficialista Maynor Gabriel Mejía Popol, primer secretario de la Junta Directiva del Congreso.
Durante una década (de agosto de 2006 a septiembre de 2016), una cuenta bancaria de la empresa Rembar, Sociedad Anónima, controlada y manejada por el exviceministro de Comunicaciones Rubén Mejía Linares recibió depósitos por Q6 millones 377 mil 999.47, de los cuales una buena parte provenían de constructoras y contratistas del Estado.
Q285 millones en contratos para viejos aliados de Roxana Baldetti
La familia Guerra fue señalada de financiar al desaparecido Partido Patriota, además de pagar millonarios sobornos a la exvicepresidenta Roxana Baldetti a cambio de recibir contratos de obras de infraestructura vial. Con el gobierno de Alejandro Giammattei, esta familia de constructores peteneros vuelve a recibir millonarios contratos con el Estado.
Otra constructora vinculada al diputado Julio Lainfiesta, que nunca había obtenido contratos con el Estado, consiguió en apenas ocho días dos adjudicaciones por más de Q93 millones de los fondos de la ampliación presupuestaria aprobada para el Ministerio de Comunicaciones, de la cual se denunció que serviría para la compra de voluntades de los diputados, y así apoyaran los diversos proyectos del Ejecutivo de cara a las próximas elecciones generales.
En el ajedrez político guatemalteco, el presidente Alejandro Giammattei ha movido sus piezas, colocando a sus alfiles y capturando instituciones clave como el Ministerio Público (MP), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Corte de Constitucionalidad (CC), que lo protegerán tras su partida. Están por definirse las elecciones del nuevo Procurador de los Derechos Humanos y el Contralor General de Cuentas.
Los primeros contratos adjudicados por el Ministerio de Comunicaciones provenientes de la ampliación presupuestaria de Q3 mil 191 millones son para una constructora vinculada a Otto Vinicio Samayoa Soria, acusado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en el caso Construcción y Corrupción.
Varios chats y documentos a los que elPeriódico tuvo acceso revelan un posible caso de tráfico de influencias entre el Ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, y el empresario estadounidense Gregory C. Smith, directivo de la petrolera Latin American Resources (LAR) y actual esposo de Zury Ríos Sosa, presunta candidata presidencial del Partido VALOR, aliado en el Congreso de la bancada oficial, para evitar la cancelación no automática del contrato petrolero que operan en Alta Verapaz por la falta de pago de US$1.5 millones en regalías que le adeuda al Estado de Guatemala desde el 2016.
TSE: entre familiares de políticos, excandidatos y señalamientos
La que una vez fue una de las instituciones más respetadas de Guatemala, ahora es criticada por la contratación de personas con vínculos políticos, así como por los cuestionamientos a algunos de los magistrados que lo dirigen.
La estrategia electoral de Vamos para 2023
Pese a ya no ser funcionario, Luis Miguel Martínez, exjefe de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno, sigue influyendo en la toma de decisiones del Ejecutivo, además de reunirse y presionar a alcaldes con quienes gestiona una alianza de cara a las elecciones generales del próximo año; una muestra es el apoyo recibido por el presidente Alejandro Giammattei y la condecoración que obtuvo de la asociación de jefes ediles.
El Narco que pasó bajo el radar del MP
Desde diciembre de 2020 el Ministerio Público (MP) le arrienda un inmueble en Usumatlán, Zacapa, a German Alberto Aldana Flores, acusado por el Gobierno de Estados Unidos por conspiración para enviar drogas a este país, quien se entregó en febrero pasado.
Constructor allegado al Presidente obtiene contrato de Q196.6 millones
Asfaltos y Petróleos, S. A. (Aspetro) de la familia López Oliva fue adjudicada por el Ministerio de Comunicaciones con un contrato para mejorar un tramo carretero en Sololá.
El Clan Hernández Herrera, entre la política y el narco
La diputada Sofía Hernández Herrera ha aprovechado su cargo político para colocar a su círculo familiar en diversos puestos públicos en su natal Huehuetenango; sin embargo, los vínculos de algunos integrantes de su familia con el cartel del narcotráfico Los Huistas se posan sobre ella.
Los grandes negocios del Ejército durante 2021
Al igual que con su predecesor, Jimmy Morales, las fuerzas militares se han convertido en un aliado estratégico del presidente Alejandro Giammattei ante su falta de caudal político, lo cual ha sido recompensado por el actual gobierno con prebendas y mayor presupuesto.
José Luis Benito y el misterio de los Q122 millones por resolver
El exministro de Comunicaciones se entregó a la Justicia, ahora la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) deberá demostrar que los Q122 millones encontrados en una residencia de La Antigua Guatemala, arrendada por Benito, corresponden a sobornos pagados por constructoras beneficiadas con contratos durante su gestión de 2018 a 2020; el exfuncionario será una pieza clave para determinar la procedencia del dinero.
Diputados asignan Q31 millones a sus ONG favoritas
Los legisladores integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso incluyeron a por lo menos 16 organizaciones no gubernamentales (ONG) que no estaban contempladas en el Proyecto de Presupuesto 2022 enviado por el Ministerio de Finanzas Públicas; varias de esas ONG tienen vínculos directos con congresistas y personajes políticos.
Un grupo de constructoras vinculadas a la diputada Shirley Joanna Rivera Zaldaña, del Partido Vamos, se han beneficiado con desembolsos por más de Q60 millones con el Fondo para la Vivienda (Fopavi); los últimos pagos se realizaron durante el primer cuatrimestre de 2020.
Proyecto Granada: la otra empresa del partido de ideología “narco”, recibe contratos del Estado, mientras los diputados de la UCN votan aliados al partido oficial en el Congreso.
La falsa aldea que favoreció al spa de Delia Bac
Una carretera de cemento hidráulico fue construida desde la ruta interamericana a la puerta de la granja de la diputada.
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