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Organizaciones exponen situación de libertad de expresión en Guatemala ante la CIDH


La Red Rompe el Miedo expuso que existe una preocupación por la salida periodistas del país debido a la disminución de garantías y criminalización.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó este lunes una audiencia en donde distintas organizaciones y periodistas presentaron la situación de la libertad de expresión en Guatemala, así como las arbitrariedades y abusos que sufren los periodistas.

La Red Rompe el Miedo Guatemala (RRM), señaló que la libertad de expresión en el país ha sufrido un retroceso acelerado en los últimos meses, marcado especialmente en actos de hostigamiento, intimidaciones y agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación independiente. 

La RRM expuso que existe una preocupación por la salida del país de seis periodistas debido a la disminución de garantías para realizar el ejercicio periodístico en el país. Mencionaron que hasta la fecha se han registrado 66 agresiones a comunicadores, de los cuales el 66 por ciento fueron realizadas por las fuerzas de seguridad pública.

La Red explicó que otro de los agravamientos de la situación en Guatemala es que se ha detectado que personal del Ministerio Público (MP) y Organismo Judicial participa directamente en los hechos de criminalización “es preocupante ver que órdenes de aprehensión aparecen en redes sociales, incluso en casos bajo reserva, antes de que las víctimas sean notificadas”.

Caso Jose Rubén Zamora

Durante la audiencia, José Carlos Zamora, hijo del presidente de elPeriódico Jose Rubén Zamora Marroquín, denunció que su familia y el medio de comunicación ha sido atacado sistemáticamente por el gobierno de Alejandro Giamattei.

Zamora recordó que el estado lleva 85 días en prisión preventiva a Zamora Marroquín sin justa causa, “el caso de mi papá es una muestra más de los ataques sistemáticos del régimen del doctor Giammattei en contra de las instituciones democráticas, los derechos humanos y las libertades en Guatemala”.

“El caso de mi papá no es únicamente a persecusión política de una voz crítica e incómoda, de un periodista y un medio con más de 30 años de trayectoria haciendo periodismo investigativo y denunciando corrupción, al momento de su detención Giammattei llevaba alrededor de 140 semanas en el poder y elPeriódico había publicado ya, alrededor de 145 investigaciones de corrupción vinculadas a él y su administración”, dijo Zamora.

Asimismo, remarcó que este es un mensaje contundente a todos los periodistas de Guatemala que perseguirán a todos aquellos que les parecen incómodos “lo han usado como un ejemplo para amedrentar y acallar a la prensa”. 

“Un caso expres fabricado en 72 horas por un sindicado buscado un trato favorable en el Ministerio Público y una fiscalía señalada internacionalmente por corrupción, una allanamiento ilegal que incluyó el secuestro por más de seis horas de mis hijos estadounidenses menores de edad por parte del Estado, una captura y arresto que se llevó un viernes y a última hora del día y extender así el proceso de captura”, recordó Zamora.

Zamora también expuso las condiciones en las que se encuentra Zamora Marroquín en la cárcel de Mariscal Zavala y explicó que lo han hostigado con técnicas de guerra psicológica “introdujeron chinches a su calabozo, le han cortado el acceso al agua por algunos periodos de tiempo, utilizan el acceso de visitas arbitrariamente como un castigo, entran en la madrugada innecesariamente con guardias y perros agresivos”. 

El hijo del presidente de este medio agradeció a la CIDH por “poner los ojos en Guatemala” y por el interés en el país y por el del preso político Jose Rubén Zamora. 

Preocupa detención de Zamora

“El Estado habla de un diálogo pero su respuesta fue como si estuvieran en un juicio, no en una audiencia. El objetivo de estas audiencias es promover un diálogo constructivo”, dijo la Comisionada de la CIDH Margarette May Macaulay.

Además señaló su preocupación “por la detención del caballero (Zamora) que ha estado detenido por 80, 90 días y tiene una detención preventiva, lo cual es excesivo y es contraria a los estándares de derechos humanos de nuestra región”.

“Estoy preocupada por el Ejército que ha sido llamado a actuar en contra de ciudadanos que ejercitan sus derechos humanos más fundamentales”, expresó la comisionada.

Por aparte, el relator especial para la libertad expresión, Pedro Vaca señaló que considera que Guatemala atraviesa un momento crucial en lo que respecta a la libertad de expresión. “En el centro de esta conversación se encuentra cómo el Estado puede facilitar garantías para que la prensa haga su trabajo de manera libre”.

“Para el funcionamiento de una democracia se exige el mayor nivel posible de discusión pública y los funcionarios deben sujetarse a un escrutinio riguroso. Los procesos penales o la cárcel no pueden ser el lugar donde los representantes de la democracia resuelven sus controversias”, remarcó Vaca.

Además, indicó que sobre el caso de Jose Rubén Zamora han expresado que “creemos que por el tipo de medio que él lidera, debe tener la oportunidad de ser visitado y animaría que este ofrecimiento dentro de los mecanismos a posición de la CIDH pueda ser tomado en cuenta por el Estado de Guatemala”.   

La prensa bajo ataque

Durante la intervención de la RRM, se expusieron ataques a otros periodistas y medios de comunicación, así como las iniciativas de ley que han intentado aprobar en el Congreso de la República y que pone en peligro la libertad de expresión e información.

En el caso del periodista Juan Luis Font su defensa logró tener acceso a su expediente gracias a un amparo, debido a que no querían darle la información, explicaron. Además hicieron énfasis en que en todo momento el periodista colaboró con la información requerida por el MP, sin embargo, por la falta de garantías tuvo que salir de Guatemala. 

Otro de los casos expuestos, fue el de la periodista Anastasia Mejia quien tuvo que esperar 36 días en un centro carcelario antes de ser escuchada en audiencia de primera declaración, dichas acciones las han considerado como patrones por parte de las autoridades de justicia. 

Además, se expuso la trabajadora social e investigadora Laura Rojas, quien ha realizado periodismo de investigación sobre las actividades de energía, ha denunciado acoso y persecución en su contra.

Otro de los casos señalados fue el del periodista Sonny Figueroa, quien fue agredido y acusado por agentes de la Policía Nacional Civil, sin embargo, el caso llegó a los tribunales en donde se ha expuesto las agresiones a las que fue expuesto Figueroa.

Estado rechaza situación 

Ramiro Contreras, director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos de Guatemala manifestó que “en referencia a la protección de periodistas, se continúa trabajando para que el servicio de seguridad pública para periodistas sea efectivo”.

Además, negó que las denuncias y señalamientos presentadas por las organizaciones y periodistas fueran ciertas e hizo una invitación a que se interpusieran las denuncias correspondientes ante los órganos de justicia. 

El funcionario reconoció que el Estado ha enfrentado desafíos para atender la situación de la seguridad de periodistas. Según Contreras, en el ámbito de prevención se capacita a la Policía Nacional Civil en Derechos Humanos con enfoque a activistas y periodistas, para que el actuar se marque en la normativa legal nacional e internacional 

Redacción El Periódico
El equipo de redactores y editores de elPeriódico.

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