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El IPM sin recuperar una inversión fallida de 2001


Durante ese año se invirtieron US$36.3 millones en Pension Fund of America, y según la Contraloría sigue pendiente de recuperarse más de US$11.2 millones.

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El Instituto de Previsión Militar (IPM) mantiene como activo diferido a largo plazo una inversión que realizó en 2001 con el Pension Fund of America, una entidad suspendida en 2005 por las autoridades financieras de Estados Unidos, pero luego de
dos décadas la realidad es que los responsables de la entidad perdieron más de US$11.2 millones.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) en el informe de auditoría al IPM a diciembre de 2021, publicado el mes pasado, señala que se invirtió más de US$36.3 millones y se ha recuperado el 69 por ciento (US$25 millones), y resta recuperar US$11.2 millones, unos Q87 millones.

Estas inversiones corresponden a octubre de 2001 en Lehman Brothers y Merrill Lynch, ambas entidades estuvieron en el epicentro de la crisis financiera de 2008. El 15 de septiembre de ese año, el banco de inversión Lehman Brothers se declaró en
quiebra y se desencadenó una caída financiera global.

En los registros del IPM se tiene la inversión como un activo diferido a largo plazo –caso especial–, pero en esta circunstancia “fue una inversión financiera que se perdió y están en supuesto proceso de recuperación, pero no hay certeza de que se vaya a recuperar”, explicó el ex viceministro de Finanzas, Erick Coyoy.

Mientras que para el analista económico Miguel Gutiérrez estos “son fondos congelados con baja probabilidad de recuperación, tan baja que se parece a cero”.

Ambos expertos comentaron que la cifra debe trasladarse a las pérdidas del IPM.

El activo diferido a largo plazo que detalla el IPM es por la inversión en Pension Fund of America (PFA), entidad con sede en Coral Gables, Florida, que fue suspendida en marzo de 2005 por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) debido a que sus directores de manera fraudulenta recaudaron US$127 millones y afectaron a más de 3 mil 400 inversionistas.

Según informó en ese momento la SEC, los directivos de PFA vendieron en Centro y Sudamérica planes de fi deicomiso de jubilación combinado con seguros de vida e inversiones en sociedades y fondos de inversión de grandes bancos. La mayoría de los fondos invertidos en PFA se utilizaba para pagar “comisiones exorbitantes, una tarifa administrativa y otros costos”, señaló la SEC. En este caso los demandados fueron Luis Cornide y Robert de la Riva.

Pagan bufetes legales El informe de la Contraloría de 2020 estableció el mismo monto pendiente de recuperar por parte del IPM, pero con el pago de US$70 mil por servicios técnicos y profesionales a las firmas Concepcion Martinez & Bellido; Becker & Poliakoff , y Marenco Warshofsky. El año pasado se mantuvo el pago por US$60 mil a los primeros dos bufetes de abogados que tienen sede en Florida, EE. UU.

Coyoy señaló que “por el supuesto proceso de recuperación se pagan esos honorarios por servicios profesionales, lo que parece más un intento para justificar que sí están tratando de recuperar los recursos pero en realidad no hay certeza de que lo harán”.

El IPM también incluye en cuentas por cobrar a largo plazo Q5.5 millones y describe que se tiene pendiente “la aprobación de la rebaja contable de US$500 mil correspondientes a la Póliza Viatical99-007969de la entidad Mutual Benefi ts Corporation”.

Otra entidaddel Estado de Florida señalada por defraudar a 30 mil inversionistas por US$1.2 millardos, antes de ser clausurada en 2004.

Se solicitó información al IPM del proceso de recuperación de las inversiones, pero al cierre de la edición no se tuvo respuesta.

Una publicación de El Observador en 2020 atribuye datos a un cable divulgado por WikiLeaks en el que se señala a los directivos del IPM de haber recibido US$50 mil en comisiones por realizar la inversión en PFA.

En otros países hay regulaciones para las opciones de inversión que tienen las entidades que manejan fondos de pensiones para evitar que inviertan en oposiciones de alto riesgo que puedan dar lugar a la pérdida de recursos,
explicó Coyoy.

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