Guatemala es el segundo peor calificado en la “Evaluación Anticorrupción de América Latina 2021-2022”

Guatemala está situada entre los peores países calificados en la reciente “Evaluación Anticorrupción de América Latina 2021-2022” del Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional.
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La evaluación fue realizada en 17 países, y emplea criterios para clasificar a los países en el éxito de sus esfuerzos anticorrupción de cero (más bajo) a diez (más alto), según datos de expertos legales en cada país.

Guatemala ocupa el lugar 16, con una calificación de 3.54 solo por encima de Venezuela que se ubica en el peor calificado con un 2.87.

La evaluación no identificó diferencias específicas en los esfuerzos contra la corrupción y se detectaron retrocesos en la independencia y capacidad de las autoridades en Guatemala, México y Perú.

“La falta de voluntad política para combatir la corrupción, ha llevado a hacer inexistentes esfuerzos anticorrupción en países como Venezuela, o ver políticas regresivas como en Guatemala, Honduras o El Salvador”, detalla el informe.

Asimismo, se detalla que en algunos países existen barreras para la participación de la sociedad civil. El informe detalla que en Guatemala, al igual que en Venezuela, El Salvador y México existen límites o acciones de represión como mecanismo de desincentivo para investigar, descubrir o denunciar actos de corrupción.

Calificaciones más bajas

En dicho informe, Guatemala fue el peor calificado en la clasificación de “Legislación” con sies puntos, mientras que en la sección de “Autoridades” obtuvo una puntuación de 2.22 solo por encima de Venezuela.

En “Implementación” el país tuvo una puntuación de 6.20 ubicándose en la posición 16 de los 17 países evaluados.

Uno de los problemas identificados en los países con baja puntuación, es que las instituciones encargadas de combatir la corrupción no son independientes y no tienen capacidad para investigar y sancionar la corrupción.

La evaluación señala que Guatemala empeoró en su calificación respecto a 2020, “fundamentalmente porque aquellas instituciones que habían quedado con capacidad para combatir la corrupción han sido desmanteladas y personas hostigadas y criminalizadas”.

Prevención de la corrupción

El informe detalla que los esfuerzos para prevenir la corrupción son casi nulos, y el uso político de las instituciones afecta gravemente para poder investigar la corrupción.

Jaime Chávez Alor, Director de Políticas para Latinoamérica del Vance Center, explica que los esfuerzos para combatir la corrupción en la región son insuficientes “particularmente porque las autoridades no son independientes y no tienen la capacidad de implementar la legislación existente; vemos retroceso significativos en algunos países. La comunidad jurídica debe desempeñar un papel más activo para garantizar que la aplicación de la ley sea más eficaz”.

Chávez señala que el retroceso en el combate a la corrupción en Guatemala es “mayúsculo y su atraso a nivel regional es evidente”.

Además, destaca que faltan legislaciones y la voluntad política para perseguir y castigar la corrupción es nula. “Aun así, siguen habiendo fiscales y jueces independientes obligados a trabajar en condiciones de heroísmo”, agregó el experto.

La evaluación recomienda impulsar reformas legislativas y política pública para el fortalecimiento del poder judicial conforme a estándares internacionales, que garanticen las condiciones de independencia judicial necesarias para un eficaz combate a la corrupción.