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Familia q’eqchi relata abusos en allanamiento a su casa en El Estor, Izabal


La madre cuenta que mientras realizaban el cateo, jugaron con la ropa interior de su hija y las amenazaron con darles cinchazos.

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“Rodearon la casa y entraron por la fuerza con armas, nos dijeron que tenían una orden de cateo, amenazaron a mi hija con golpearla y a mi sobrina la agarraron y la aventaron a la cama” así inicia el relato de una mujer maya q’eqchi, que entre lágrimas, dio detalles del allanamiento en su residencia en el marco del estado de sitio en El Estor, Izabal. 

Su esposo, quien también prefirió no dar su nombre debido al miedo de ser capturado por ser un líder comunitario, contó que desde que se enteraron que se establecía el estado de sitio huyó a las montañas para no ser capturado. 

Una resistencia de pescadores y organizaciones mayas q’eqchi fue dispersada por las fuerzas de seguridad cuando se encontraban manifestando en la carretera por donde pasan los camiones que operan en la industria minera. 

Nos empezaron a preguntar dónde estaban las armas, amenazaron a mis hijas con darles cinchazos si no lo decían, pero nosotros no teníamos nada, qué armas podíamos tener”, continúa contando la mujer.

Desde ese día, esta familia dejó su comunidad y tuvo que buscar refugio en comunidades aledañas con el miedo de ser capturados por pertenecer al Consejo Ancestral Maya q’eqchi y a la gremial de pescadores que está en contra de la explotación minera.

“Lo peor que pude ver es cómo jugaban con la ropa interior de mi hija”, cuenta, nuevamente entre lágrimas, la mujer q’eqchi.

El gobierno decretó estado de sitio en El Estor, el pasado 24 de octubre, luego de los enfrentamientos que se dieron para desalojar a los manifestantes en la carretera.

Desde ese día, organizaciones de Derechos Humanos, organizaciones sociales, comunidades en resistencia y sociedad civil han denunciado el exceso de uso de fuerza usado durante los allanamientos efectuados en dichas comunidades. 

Esta familia señala que la organización comunitaria fue disuelta, no han podido comunicarse y tomar posturas en torno a la defensa de su territorio.

Lo que buscan es que se respete lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordena al Ministerio de Energía y Minas realizar una consulta a las comunidades indígenas que se puedan ver afectadas cuando se inicia un trabajo minero. 

Los ciudadanos se oponen al proyecto de extracción minera Fénix, cuyas operaciones se encuentran suspendidas por la orden emitida por la CC.

Luisa Paredes
Editora de Sociedad en elPeriódico. Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Centro mi trabajo en el periodismo digital.

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