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CIDH condenó la represión contra el pueblo q’eqchi y periodistas en El Estor


La Comisión internacional señaló que el estado de sitio decretado en el municipio de Izabal no constituye una respuesta sostenible y eficaz para enfrentar y resolver los conflictos sociales o políticos.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el uso excesivo de la fuerza contra contra integrantes de las comunidades mayas q’eqchi de El Estor, Izabal durante las manifestaciones contra las operaciones de una minera en la localidad.  

También rechazó los actos de represión contra periodistas y medios de comunicación que han hecho cobertura de las protestas en los últimos días. La CIDH pidió al Estado guatemalteco investigar los hechos de violencia, respetar y garantizar la libertad de expresión, la protesta social y los derechos de los pueblos indígenas. 

El comunicado del órgano internacional indica que recibieron reportes que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habrían reprimido violentamente a manifestantes. Varias personas resultaron heridas, entre ellas, menores de edad, personas mayores y periodistas. Además, siete agentes recibieron disparos. 

El documento también detalla los allanamientos realizados en las residencias de los periodistas de Prensa Comunitaria y en las instalaciones de la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a y la Defensoría Q’eqchi’. 

La Comisión recordó que los Estados deben adoptar medidas positivas para garantizar el derecho de protesta a grupos especialmente vulnerables como los pueblos indígenas, quienes tienen derecho a proteger su identidad cultural  y sus tierras. 

Además,  los gobiernos deben garantizar la labor periodística en contextos de manifestaciones para que cumplan su rol de documentar los hechos. 

Estado de sitio no es una respuesta sostenible

La CIDH manifestó que el estado de sitio decretado en El Estor es un tipo de medida excepcional que no constituye una respuesta sostenible y eficaz para enfrentar y resolver los conflictos sociales o políticos.

Además, resaltó que a pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó mantener la suspensión de la explotación minera al resolver a favor de comunidades afectadas que consideran que la actividad podría contaminar gravemente el lago de Izabal, la explotación habría continuado. 

La Comisión señaló que el gobierno debe garantizar que las actividades empresariales se desarrollen en respeto a los derechos humanos y es su deber escuchar a las personas, comunidades y población afectadas, tomando en serio sus preocupaciones y prevenir violaciones a esos derechos. 

Por último, hizo un llamado al Estado guatemalteco a la urgente aplicación de una perspectiva de derechos humanos en todas las medidas que se adopten para abordar la conflictividad social frente a la explotación de la Mina Fénix.

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