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Asesor que ganó contrato millonario fue procesado por casos de estafa


Sergio Barrios Botzoc autorizó pagos a una constructora que no había finalizado la construcción de un centro de salud en Chimaltenango.

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Una casa particular situada en una colonia de la zona 11 capitalina es la sede de la constructora Sericsa, que registra adjudicaciones públicas por Q85.8 millones. La empresa individual es propiedad del asesor del Fondo de Desarrollo Social (Fodes), Sergio David Barrios Botzoc, quien hace dos semanas obtuvo un nuevo negocio millonario, a pesar de que fue sindicado de casos especiales de estafa.

La licitación que ganó Barrios fue la identificada con el NOG 12552879, por medio de la cual la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) del Ministerio de Comunicaciones le adjudicó la reparación de la pista del aeropuerto del Puerto San José, Escuintla, por Q41.3 millones. El asesor fue el único oferente del concurso.

El caso contra el propietario de Sericsa se conoció en marzo de 2020, cuando el Juzgado de Primera Instancia de Chimaltenango suspendió, por dos años, la persecución penal en su contra. Barrios fue obligado a pagar Q60 mil como resarcimiento al Estado, y a donar Q1,500 a la Escuela Urbana Ramona Gil.

Pagos sin trabajar

La Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) lo sindicó por casos especiales de estafa, debido a que en 2011 cuando Barrios se desempeñó como coordinador de operaciones y proyectos del Fondo Social de Solidaridad (FSS) autorizó que se hicieran desembolsos a favor de la empresa Constroc, propiedad de Guillermo Estuardo Schwartz Castellanos.

Constroc tenía a cargo la construcción de un Centro de Atención Materno Infantil (CAIMI) en el barrio El Guite, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, valorado en Q3 millones. Por esta obra, se hicieron pagos por casi la totalidad del contrato, pero el avance físico no llegaba a la mitad, según una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Relación cuestionada

A decir del consultor en temas de transparencia, David Gaitán, la adjudicación a la empresa Sericsa ejemplifica un caso con fuertes sospechas de tráfico de influencias, debido al acceso a información que Barrios puede tener al trabajar para el Fodes y al mismo tiempo ganar un contrato en Covial. Gaitán indicó que este tipo de adjudicaciones deben ser investigadas por la Comisión Contra la Corrupción creada por el presidente Alejandro Giammattei.

Barrios, además, fungió como director de Infraestructura en la Municipalidad de Villa Nueva durante la gestión de Edwin Escobar. Asimismo, su paso por el FSS coincidió cuando esta institución era dirigida por el exdiputado Armando Escribá, sindicado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en casos de corrupción.

¿Capacidad económica?

Las bases de la licitación ganada por Sericsa establecen que la capacidad financiera del proveedor debe ser superior a la oferta presentada. Sin embargo, ni Covial ni el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) —adscrito al Ministerio de Finanzas— proporcionaron a elPeriódico, la capacidad económica autorizada para el proveedor.

La exdiputada Nineth Montenegro indicó que la Dirección General de Adquisiciones del Estado (DGAE) es la obligada a regular a los proveedores estatales de todas las modalidades.

Admite delito

El Artículo 27 del Código Procesal Penal establece que para que un juez autorice la suspensión de la persecución penal, el imputado deberá admitir la veracidad de los hechos que se le acusan. Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, indicó que este tipo de beneficios se otorga a los procesados cuando se considera que “la conducta delictiva no sea tan grande”. La persecución se extinguirá totalmente después de dos años, siempre y cuando Barrios no cometa un nuevo delito.

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