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El llamamiento para jueces fue ampliado por solicitud de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)


El ente electoral no detalló en qué lugar trabaja actualmente la hija de la magistrada.

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) renovó la contratación de Dina Alejandra Bosch Ochoa como asesora de magistratura. Ella ha trabajado en la institución desde 2020 y es hija de Dina Josefi na Ochoa Escribá, presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC).

El convenio laboral que le fue otorgado en este año ha estado vigente desde enero pasado y concluirá en diciembre. El salario mensual que le fue asignado asciende a Q20 mil, según un acuerdo emitido por la entidad. En el documento no se precisó qué estudios posee. No obstante, se indicó que fue la directora de Recursos Humanos la que pidió autorización para contratar a Bosch Ochoa y los togados electorales aceptaron la solicitud.

El directorio de empleados y servidores públicos del TSE no detalla el lugar en el que ella está trabajando actualmente. Sin embargo, elPeriódico confirmó que está asignada a la magistratura de Blanca Odilia Alfaro Guerra.

Este medio se comunicó con la funcionaria para conocer qué funciones desempeña Bosch Ochoa
y si la contratación se dio porque es hija de la citada integrante del
tribunal constitucional.

Alfaro Guerra, quien en los comicios de 2019 aspiraba a llegar a la Vicepresidencia por el partido Prosperidad Ciudadana, se excusó de responder argumentando que estaba en un pleno y posteriormente atendería asuntos personales.

Señalamientos Una nota de Nómada señala que Bosch Ochoa podría haber cometido anomalías en el programa Jóvenes Protagonistas, cuando trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

En la publicación se expuso que las irregularidades estaban relacionadas con la adquisición de 30 mil tiempos de comida para
una actividad que se realizó en octubre de 2016, en 12 escuelas, y que se denominó El Barrilete.

Según ese medio digital, la compra de los alimentos no estaba justificada y se hizo a precios no presupuestados. Además, mencionó que las raciones no se entregaron a las personas que estaban previamente inscritas en el programa.

La Contraloría General de Cuentas intervino en este asunto e informó que tres auditores busca- ron que se aprobara el proyecto de una denuncia penal contra la hija de la presidenta de la CC y otras autoridades del Mides. Pese a ello, la Dirección de Asuntos Jurídicos del ente fiscalizador rechazó esa posibilidad.

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