Congreso debe decidir hoy si se archiva el Decreto 18-2022

La Junta Directiva, dominada por diputados del partido oficial, decidirán hoy si aceptan la solicitud que hizo el presidente Alejandro Giammattei de archivar el Decreto 18-2022, Ley para la Protección de la Vida y la Familia. La presidenta del Congreso, la diputada del partido Vamos Shirley Rivera, mantiene su postura de que el equipo legal del Organismo Legislativo revisará las inconstitucionalidades que el mandatario señaló que existen en esa Ley.

La decisión sobre incluirla en la agenda parlamentaria del martes 15 de marzo dependerá, principalmente, de si Rivera y los demás miembros de Junta Directiva incluyen la propuesta en la instancia de Jefes de Bloque.

La jefa de bancada del partido Semilla, Ligia Hernández Gómez, dijo que ella y la subjefa de bloque, Lucrecia Hernández Mack, propondrán que se tome en cuenta las objeciones a esa Ley que presentó Semilla. Ligia explicó que aunque se rechaza incluir en la agenda legislativa del martes el votar para archivar el Decreto 18-2022, existe la opción y el precedente de que se deben conocer las objeciones a una ley al inicio de la plenaria.

“Entonces lo que ocurrirá es que se abre sesión y el Congreso está obligado a conocer las objeciones. Es ahí cuando propondremos archivarla”, indicó la diputada y jefa de la bancada Semilla.

Por aparte, integrantes de otros bloques legislativos que también votaron a favor de la Ley para la Protección de la Vida y la Familia evitaron pronunciarse, y fijaron una postura similar a lo dicho por la presidenta del Congreso sobre la solicitud de Giammattei.

Para archivar esta Ley solo necesita los votos a favor de este procedimiento de una mayoría calificada en el Congreso.

La Ley El Decreto 18-2022 establece que las personas que provoquen el aborto de una mujer con su consentimiento serán sancionadas con seis a 12 años de prisión. Para médicos y cualquier persona con permiso sanitario, la condena será de entre 12 y 24 años. Previo a esta Ley, la condena era de tres años.

También prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, esto a pesar de que la Constitución de la República no lo reconoce, además límita la implementación de educación sexual en el sector público y privado.