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Naviera tras TCQ intentó involucrar a ex-Jefe de Gobierno español


El medio ABC de España refiere que buscaban que Felipe González interviniera a favor de la empresa que realizó negocios con Pérez Molina.

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Por el caso TCQ están ligados a proceso Baldetti Elías y el expresidente Pérez Molina.

En mayo pasado, el Juzgado Central de la Audiencia Nacional de España hizo una petición a Guatemala para que declararan tres personas claves en el caso TCQ, en el que está involucrado el expresidente Otto Pérez Molina, quien recibió sobornos de los empresarios españoles Ángel y Álvaro Pérez Maura. Además del exmandatario, también se encuentra con proceso abierto Juan José Suárez Messeguer, exsocio de los hermanos Pérez Maura.

Los asesores de la empresa Pérez & Cía., naviera detrás de la adjudicación de un contrato de concesión de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), analizaron la posibilidad de recurrir a Felipe González, expresidente del Gobierno de España, para que por medio de su influencia lograra sacar de prisión a Suárez. Así lo da a conocer el medio español ABC.

Según las conversaciones a las que el medio ABC tuvo acceso, la idea era que González influyera directamente sobre la CICIG.

Según el expediente, los asesores ofrecieron contratarlo por €1.2 millones. La decisión de buscar a González obedecía a que la estrategia de pago de €7.4 millones al comisario Juan Manuel Villarejo para frustrar la investigación y frenar la extradición de uno de los Pérez Maura, no funcionaba. “En el análisis, en manos ya del juez, los agentes concluyen que la persona a la que se refieren como pelo blanco es Felipe González, expresidente del Gobierno. Fuentes de su entorno consultadas por ABC señalan que nunca ha intermediado en ningún asunto en Guatemala, como sí lo hizo en Venezuela en favor de presos políticos”, señala el medio.

En 2016, el juez Miguel Ángel Gálvez encontró suficientes indicios para ligar a proceso a 12 personas, entre ellas a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, por los delitos de cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude; además se ordenó la captura internacional de otras cinco personas.

El contrato se firmó entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal por 25 años prorrogables, por un terreno de 34 hectáreas para construir la nueva terminal.

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