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Portuaria Quetzal declara reserva de su información por siete años


La EPQ señala que la liberación de información amenaza la seguridad del comercio marítimo internacional.

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La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) publicó en el diario oficial el acta 47-2020 en la que declara la reserva de la información de la entidad por un periodo de siete años, el plazo máximo permitido por la Ley de Acceso a la Información Pública.

La institución argumenta que la liberación de datos amenaza la seguridad del comercio marítimo internacional o puede causar daños al interés público.

Según el documento, se clasifica como información reservada los datos de la Gerencia de Seguridad Integral, el Plan de Protección de la Instalación Portuaria (PPIP), la Evaluación de Protección de Instalaciones Portuarias (EPIP), informes de auditorías externas del Código de Protección a buques e instalaciones portuarias.

Así como la información de la Unidad de Asesoría y Planificación Portuaria que incluye todos los estudios de preinversión, recepcionados y los que estén en proceso de elaboración, todos los planos solicitados en formato DWG, sin fundamento legal.

Informes de auditorías externas del Código de Proteción a buques e instalaciones portuarias serán información reservada, señala acuerdo.

El encargado de resguardar la información es la Gerencia General de la Empresa Portuaria.

Esta medida de reserva de información entró en vigencia este lunes y durará siete años, según indica el acta.

El acuerdo fue firmado por el gerente de EPQ, David Berganza Alburez, quien fue juramentado junto a las nuevas autoridades de la Portuaria, el 18 de enero pasado por el presidente Alejandro Giammattei.

Resolución ambigua

Eddie Cux, presidente de la organización Acción Ciudadana (AC) dijo que la resolución que emitió EPQ es ambigua porque no especifican cómo la revelación de la información bajo reserva puede atentar contra la seguridad o competencia entre las empresas.

Destaca que en el documento se confunden términos al definir la seguridad nacional como la seguridad de comercio por lo que existen elementos para considerar que la intención es negar el acceso a documentos en los que la ley lo permite.

Según Manfredo Marroquín, fundador de AC, este caso es solo la punta del iceberg de una resistencia proactiva desde todos los ámbitos del Estado y del Gobierno para vedar información pública.

También señaló que preocupa una situación de reserva de información en una portuaria con un perfil alto de corrupción y en donde se han identificado casos de trasiego de ilícitos. “Es una señal que las personas que están gobernando son aliadas de la opacidad porque están tratando de ocultar una agenda de negocios y de corrupción detrás de esta decisión”, manifestó Marroquín.

La organización analiza el acuerdo y podría presentar en los próximos días una acción legal contra la reserva de información.

Exfuncionarios públicos y exdirectivos de la Empresa Portuaria Quetzal han sido objetos de investigaciones por actos de corrupción.

En 2016, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad presentó un caso por la firma de un contrato irregular a cambio de sobornos entre la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal por la concesión en usufructo de 348 mil 171 metros cuadrados de terrenos por 25 años. El caso alcanzó a la presidencia del Partido Patriota.

La ley

La Ley de Acceso a la información Pública considera información reservada la relacionada a asuntos militares de seguridad nacional y conservación del orden público, datos vinculados a asuntos diplomáticos, relacionado a la propiedad intelectual o que pueda dañar a la estabilidad financiera del país, expedientes judiciales o una investigación, protección de la niñez.

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