La Contraloría General de Cuentas (CGC) notificó ayer al Ministerio de Comunicaciones (Micivi) que detenga el primer pago de Q30 millones a la empresa V&T, S. A., quien tiene a cargo la construcción de las viviendas para los afectados por la erupción volcánica del pasado 3 de junio.

El contralor Carlos Enrique Mencos explicó que la recomendación deviene de los hallazgos que han hecho durante las auditorías en las adjudicaciones que realizó el Gobierno durante el Estado de Calamidad.  El costo total del proyecto de casas en la finca “La Industria”, Escuintla, es de Q172 millones 769 mil.

Agregó que en el contrato se encontraron procesos anómalos que motivaron la resolución de suspensión del pago del dinero para la empresa. Sin embargo, las investigaciones continúan para emitir el dictamen final, y conocer si es viable suspender el contrato definitivamente o convocar a un nuevo evento que cumpla con todos los requerimientos legales, técnicos y administrativos con base a la Ley de Contrataciones del Estado.

El funcionario anticipó que a finales de la semana entrante analizarán las auditorías finales de por lo menos diez contratos que adjudicó el Gobierno durante el Estado de Calamidad. La erupción volcánica deja a la fecha 147 víctimas mortales, decenas de desaparecidos y cientos de afectados que siguen albergados en recintos temporales.

Escuela digna

*Información de Luisa Paredes

La institución fiscalizadora del gasto público también recomendó al Ejecutivo aplazar la contratación para el diseño y construcción de la Escuela de la Reforma (EDR) La Dignidad, en Escuintla, ya que que hubo inconsistencias en la adjudicación del 3 de julio por el ministerio de Comunicaciones a favor de Construsur, de José Alfredo Trigueros López, por Q52 millones 868 mil 718.20.

Entre las irregularidades la Contraloría General ha detectado inicialmente las siguientes:

–       Los funcionarios que calificaron y aprobaron el contrato no contaban con un nombramiento previo del ministro José Luis Benito.

–       El monto que se presupuestó era menor al estipulado en el contrato suscrito.

–       Se descalificó a una de las constructoras ofertantes, por supuestamente incumplir requisitos no fundamentales, ni permitirle el plazo legal para completar la documentación.

–       No fueron tomados en cuenta los requisitos estipulados por el Ministerio de Educación para la obra.

–       No se hizo uso de ningún censo de los grupos familiares damnificados por la erupción del volcán de Fuego.

–       Tampoco fueron tomadas en cuenta las recomendaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) sobre las condiciones del terreno.