La Contraloría General de Cuentas (CGC) interpuso varias denuncias en el Ministerio Público, producto de las deficiencias encontradas en la ejecución de los programas sociales del Gobierno que fueron creados para atender la crisis del COVID-19. Las acciones penales están relacionadas con el Bono Familia, Bono al Comercio Popular y el Fondo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, los cuales fueron financiados con recursos aprobados por el Congreso de la República. El primero fue ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social y contó con una asignación de Q6 millardos. Sin embargo, las anomalías en su entrega ascienden a Q32.10…