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Justicia

La estancia en hogares de protección se alarga por fallas de la PGN


El juez Marvin Gómez ha denunciado a la PGN por incumplimientos en más de 130 expedientes de protección.

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La institución que debe proteger a la niñez y adolescencia está vulnerando los derechos de esa población, de acuerdo con el juez de Escuintla Marvin Gómez. A lo largo del año, el juez ha presentado más de 130 denuncias contra la Procuraduría General de la Nación (PGN) por no entregar informes que le permitirían valorar si continúan o no en un hogar de protección. 

En muchos casos de violencia contra la niñez y adolescencia, no es posible que regresen al hogar porque supondría volver a convivir con el victimario o porque ese espacio no garantiza la restitución plena de sus derechos. Entonces, los jueces ordenan que se queden temporalmente en hogares privados o públicos. Estos últimos usualmente son la última opción que se considera, apunta el juez Gómez.

La estancia se prolonga porque la PGN no presenta los informes de trabajo social y psicología para determinar que hay algún familiar comprometido afectivamente y con disponibilidad económica para acompañar a los niños, niñas y adolescentes en su crecimiento. 

elPeriódico buscó la versión de la PGN, pero el vocero no respondió ni las llamadas ni los mensajes enviados a su celular. En un comunicado de prensa que la PGN divulgó sobre el abandono masivo del Hogar Zafiro 1, la institución manifiesta: “Existen situaciones en las que, pese a la identificación de recurso y propuesta, existe negativa de las familias para una reunificación familiar efectiva”.

Sin solventar falencias

No es que nadie quiera a los niños, asegura el juez. Quizás hace falta buscar mejor, añade. Lo dice con la experiencia de atender más de diez audiencias diarias, y en algunos casos la PGN ni siquiera presenta un informe en que conste que investigó si había algún familiar. Esto sucede meses o incluso años después de que el juez ordenara la búsqueda de un hogar.

La condición se agrava porque las agendas judiciales están cargadas y pasan meses para que un juez pueda volver a revisar la situación de los niños, niñas y adolescentes.

Desde mayo, la PGN está al tanto de la denuncia del juez Gómez. También el Organismo Judicial, que le delegó el tema a la magistrada María Eugenia Morales. 

La Oficina del PDH, en septiembre pasado, promovió una reunión en la que se instaló una mesa técnica. La PGN prometió cambios en diez días, pero a criterio del juez persiste la vulneración de derechos.

Incumplimiento y maltrato

Las quejas que ha certificado el juez son por incumplimiento de deberes y otros por maltrato contra personas menores de edad, porque funcionarios de la PGN las han expuesto a riesgos innecesarios. 

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