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Justicia

Piden dimisión de Porras tras sanción de Estados Unidos


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Diversas organizaciones sociales, activistas y opositores al Gobierno pidieron s la dimisión de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, tras la sanción en su contra por corrupción del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Una de estas voces fue la del director ejecutivo del Instituto 25A, una entidad emanada de las protestas en Guatemala contra la corrupción de 2015, Gabriel Wer, quien dijo a Efe que la petición de renuncia a Consuelo Porras «no ha perdido vigencia», desde que esta removió de su cargo al fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, en julio pasado.

«La exigencia de la renuncia a la fiscal general sigue ahí, no ha cesado», indicó uno de los protagonistas de la oposición al Gobierno que preside Alejandro Giammattei y a sus aliados, mediante el activismo, la investigación y la defensa de la democracia.

Las declaraciones de Wer se registran después de que este mismo lunes Estados Unidos impuso sanciones contra cinco funcionarios salvadoreños y dos guatemaltecos, incluida Porras y su mano derecha, Ángel Pineda Ávila, secretario general del Ministerio Público.

De acuerdo al Departamento de Estado de la nación norteamericana, Porras y Pineda Ávila «obstruyeron investigaciones sobre actos de corrupción«, por lo que, con la sanción, quedaron imposibilitados de ingresar a Estados Unidos.

La sensación que tiene Wer es que «más que afectar a Consuelo Porras, la sanción afecta» al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y «a quienes lo sostienen, como las cámaras empresariales, la Fundación Contra el Terrorismo y sus aliados magistrados y diputados».

La fiscal, ejemplificó el activista, «se convierte en una especie de ‘kriptonita. Quienes tienen que reconsiderar su postura son quienes la apoyan o sostienen en el cargo».

La decisión de Estados Unidos responde al trabajo que ha hecho la fiscal general en «votar todos los casos de corrupción, impulsar acusaciones espurias contra operadores de justicia, periodistas» y «defensores de derechos humanos», agregó Wer.

Porras removió el 23 de julio pasado al fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, quien durante los últimos seis años imputó a más de 250 personas por corrupción entre presidentes, expresidentes, diputados, ministros, funcionarios y miembros de la élite empresarial.

Sandoval aseguró ese mismo 23 de julio, antes de salir exiliado a Estados Unidos, que la fiscal general detuvo una investigación por un posible soborno a Giammattei por parte de empresarios rusos, quienes buscaban pagar menos en una concesión portuaria.

Una sanción sin precedentes

La sanción, además, es «histórica» en Guatemala, subrayó Wer, pues es «novedoso» que «un Gobierno extranjero sancione de manera pública a una fiscal de otro país. ¿Qué efectos reales generará eso? está por verse», consideró el activista.

Wer, sin embargo, considera poco probable que Porras abandone el cargo que asumió en 2018, designada por el exmandatario Jimmy Morales Cabrera.

Lo que sí es claro, adujo el director del Instituto 25A, es esa nueva «evidencia de que se le cierran más las puertas a la fiscal en cuanto a apoyos. Ahora el foco se mueve hacia Giammattei y al sector privado organizado».

Por su parte, el exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el abogado colombiano Iván Velásquez Gómez, calificó de «una vergüenza» la inclusión de Porras en un la lista de actores corruptos de EE.UU. e instó a la ciudadanía guatemalteca a «exigir de manera contundente su inmediata renuncia».

También, la diputada indígena Sonia Raguay, del partido Movimiento Winaq, fundado por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum, indicó que la fiscal general de Guatemala «no es confiable pues ha opacado casos de corrupción en los cuales están involucrados funcionarios».

El capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, Acción Ciudadana, igualmente se pronunció en contra de Porras al enfatizar que «las acciones corruptas han debilitado las investigaciones del Ministerio Público» y son responsabilidad de la fiscal general y de su secretario general, Ángel Pineda (también señalado por EE.UU.)».

Las sanciones de este lunes por parte de Estados Unidos se suman a las impuestas comienzos de julio cuando el Gobierno del presidente Joe Biden señaló por corrupción a 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos, entre ellos 14 de El Salvador, 20 de Guatemala y 21 de Honduras.

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