Por “acciones recientes que socavaron la democracia y obstruyeron las investigaciones de corrupción” Estados Unidos incluyó a la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, y su secretario general, Ángel Arnoldo Pineda Ávila  en la lista de Actores Corruptos y No Democráticos, que los hace no elegibles para visas y admisión a ese país, informó el Departamento de Estado.  

La noticia de las sanciones a siete funcionarios del norte de Centroamérica, la dio el secretario de Estado, Antony Blinken, en su cuenta de Twitter y a los pocos minutos, el departamento de Estado divulgó un comunicado en el que se expone que  la Fiscal General de Guatemala “obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales”. 

En un comunicado de tres páginas, el MP informó que “se rechazan públicamente” las acciones de EE. UU. por considerar que se basan en razones “falsas e infundadas”. Califica las sanciones como “acciones políticas, sesgadas e ideológicas” y asegura que la Fiscal General “seguirá trabajando”.

El exembajador Stephen McFarland expresó mediante un tuit que la acción de Estados Unidos muestra que entiende el vínculo entre la corrupción y el autoritarismo en Centroamérica y su impacto en la migración; que prioriza los intereses a largo plazo sobre la cooperación a corto plazo y, dado que las visas y las listas por sí solas no generarán cambios, se deberán adoptar medidas más estrictas.

Los señalamientos

El patrón de obstrucción de Porras incluyó ordenar a los fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala que ignoraran los casos basados ​​en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), incluido el despido de su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y el  traslado y el despido de fiscales que investigan la  corrupción”, cita el comunicado.

Sandoval fue destituido de forma ilegal y arbitraria el 23 de julio pasado. Antes de salir al exilio, el exjefe de la FECI reveló las presiones, acoso y obstáculos que Porras y sus secretarios ejercieron para impedir que esa fiscalía investigara casos que alcanzarían al presidente Alejandro Giammattei.

De hecho, un oficio al que tuvo acceso elPeriódico documenta la solicitud del partido Vamos para apartar a Sandoval de “cualquier investigación” que pudiera llegar hasta Giammattei. 

Una de las primeras acciones para frenar averiguaciones fue cuando retiró de la FECI la denuncia del Seguro Social que alcanza a la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), Leyla Lemus y anterior secretaria general de la Presidencia. Porras también aceleró las órdenes de aprehensión contra los contendientes de Néster Vásquez para ser electo como magistrado de la CC.

Sobre Pineda, las autoridades de EE. UU. recuerdan que “el MP ha abierto una investigación relacionada a las acusaciones de que Pineda interfirió en una investigación anticorrupción. Se alega que Pineda alertó a los objetivos de la investigación sobre los casos que se estaban construyendo en su contra”.

El abogado Marco Alveño Ovando declaró haber pagado sobornos a cambio de que un caso fuera cambiado de fiscalía y puso en evidencia la supuesta amistad entre la directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo y Pineda. El secretario habría actuado como el “amigo” que filtraba datos de investigaciones, excepto de la FECI porque no tenía acceso.

De El Salvador fueron sancionados cinco magistrados de la Sala Constitucional por aceptar la nominación de la Asamblea Legislativa, “en un proceso que parece haber contravenido la constitución salvadoreña”. 

Más recursos para el MP

El Ministerio Público proyectó un presupuesto de Q3 mil 420.1 millones para 2022, lo que supone un aumento del 63 por ciento frente al presupuesto actual. El mes pasado, EE. UU. anunció el retiro de su cooperación.

Nueve horas después

El mandatario Alejandro Giammattei se pronunció nueve horas después del anuncio del Secretario de Estado de Estados Unidos. El Presidente señaló que “es una falta de respeto hacia las relaciones internacionales que: primero, se acuse sin pruebas o sustentos; segundo, violar los derechos humanos; y, tercero, dar valor a las declaraciones de quienes cuentan con intereses personales y procesos pendientes en Guatemala”.