La Ley de Emergencia Nacional que aprobó el Congreso esta semana, para atender la pandemia de COVID-19, busca hacer acopio de los bienes incautados al crimen organizado y por corrupción para que se pongan al servicio de Salud y del IGSS. De momento, no parece haber muchos inmuebles que puedan ser funcionales.

El Artículo 20 de la ley establece que, con carácter extraordinario y únicamente durante el plazo de tres años, se faculta a la Senabed para que previa solicitud, entregue en uso temporal gratuito al Ministerio de Salud o al Seguro Social los bienes inmuebles que faciliten la atención de la crisis sanitaria existente.

Entre los bienes que la Senabed administra hay 37 inmuebles, casi en su totalidad son lotes o casas de habitación, de acuerdo con el informe estadístico en línea y abierto al público que habilitó la institución. Ese recuento tiene información de 2020 a la fecha. 

A criterio del titular de la Senabed, Jorge Andrino, usualmente los inmuebles residenciales no son atractivos para el funcionamiento de oficinas públicas, ya que los vecinos del condominio se oponen a que se les dé un uso público. Además, tampoco tienen las facilidades, como por ejemplo, parqueos.

Expectativa

Aunque a primera vista no se identifique algún edificio que pueda utilizarse de forma provisional por Salud o el IGSS, Andrino considera que más adelante podría ser incautado alguno que sirva para la atención de la pandemia. Cuando se incauta un edificio, casi de inmediato se recibe una solicitud de uso provisional ya sea del Ministerio Público o del Organismo Judicial, explica Andrino.

Por ejemplo, el MP ocupa un edificio de 15 pisos en la zona 15 capitalina que se le incautó al expresidenciable Manuel Baldizón, y otro más en Quetzaltenango, donde funcionaría un hotel. Este último se le incautó como parte de los casos Odebrecht y Transurbano, a cargo del MP-CICIG y finalmente, la FECI.

Los Q122 millones

El efectivo que incautó la FECI oculto en maletas en un residencial de La Antigua Guatemala, se repartió proporcionalmente entre las instituciones del sector justicia. La Senabed afronta dificultades presupuestarias, que se oxigenaron con la parte que les correspondió, según Andrino. 

Los trabajadores del MP recibieron un bono extra, que se habría financiado con esos fondos.