La Corte de Constitucionalidad (CC) abre la puerta para que los jueces autoricen que las personas condenadas por delitos menos graves contra la administración pública y de justicia puedan pagar una multa en lugar de ir a prisión. La inconstitucionalidad parcial declarada por la CC responde a la solicitud del abogado Julio García Merlos, que cuestiona el inciso 7 del Artículo 51 del Código Penal, sobre la inconmutabilidad de las penas para las personas condenadas por delitos contra la administración pública y la administración de la justicia.

Al cobrar firmeza, la sentencia debe ser publicada en el diario oficial. Entonces, quedará a criterio de los jueces si otorgan o no la conmuta en lugar de la prisión, siempre que las sanciones no pasen de los cinco años. Se trata de unos 35 delitos los que abarca la normativa que denunció el abogado García Merlos. 

La resolución plantea retrocesos a la lucha contra la corrupción, beneficia varios delitos como tráfico de influencias, resoluciones violatorias a la Constitución, allanamiento ilegal, retardo de justicia, enumera Edie Cux de Acción Ciudadana.

En el caso de delitos como fraude, malversación, cohecho, cobro ilegal de comisiones, las penas van de los cinco a los 10 años y queda a discreción de los jueces imponer la pena mínima, por lo que automáticamente los delitos se vuelven conmutables lo cual va en contra del espíritu de las reformas que planteaba la Ley Anticorrupción aprobada en 2012, explica Cux.

Tomando en cuenta el contexto que atravesamos, es muy posible que se empiece a condenar con las penas mínimas, añade Cux. 

El contexto 

La decisión no se puede analizar sin el contexto de regresión a la lucha contra la corrupción que se vive en Guatemala desde la expulsión de la CICIG y se inscribe en la misma línea de aquella proveniente del mismo tribunal, que dijo que los delitos de financiamiento ilícito debían ser antes meras infracciones administrativas, considera un experto penalista.

Como parte de la agenda regresiva en la lucha contra la corrupción, el Ministerio Público no da señales de investigar los señalamientos de un testigo, quien asegura que trasladó una alfombra con dinero hacia la casa del presidente Alejandro Giammattei. 

El testimonio ha sido revelado por Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, y el supuesto soborno tendría que ver con los intereses de empresarios rusos por tener una terminal exclusiva para la exportación de níquel. Otro caso que toca intereses de la administración pública es el que cuestiona a Alejandra Carrillo, por usar al Instituto de la Víctima como un bolsón de plazas para allegados de políticos y operadores de justicia .

 En opinión de Cux, los más beneficiados serán los alcaldes y otros procesados por la Fiscalía contra la Corrupción. La mayoría de los casos de la FECI están concatenados con delitos como lavado de dinero o asociación ilícita, que hasta ahora no admiten algún beneficio para los condenados.

Otro de los aspectos del fallo es que profundiza la desigualdad, ya que el que tiene algún medio de pago de la multa podrá acceder a la libertad.

Profundiza la desigualdad e impunidad

Entre 2017 y 2018 se promovieron reformas al Código Penal que proponían conmutas o rebajas de penas, pero a cambio de aceptación de cargos. La sentencia de la CC beneficia a los llamados “delincuentes de cuello blanco”, pero mantiene incólume la pena de cárcel para delincuentes que hayan cometido hurto o robo, dejando claro que es una orientación político criminal donde se castiga o criminaliza la pobreza, según el experto. Quiere decir que alguien que hurta una gallina tiene más posibilidades de quedar en prisión que un funcionario o particular que haya cometido algún acto de corrupción.