La Sala Segunda de Mayor Riesgo concedió un amparo provisional a la excandidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, y le cambió las medidas sustitutivas que había impuesto la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez. 

Los magistrados resolvieron revocar la prohibición que tenía Torres para participar en actividades políticas  y de movilizarse al interior del país, para lo cual anuló el arresto domiciliario. 

“Se decreta el amparo provisional porque las circunstancias lo hacen aconsejable, consecuentemente se dejan sin efecto de forma provisional las prohibiciones decretadas en contra de la solicitante…”, indica parte de la resolución. 

En diferentes ocasiones la jueza encargada del proceso penal le negó a la excandidata el cambio de las restricciones por considerar que había peligro de obstaculizar la investigación que aún desarrolla la fiscalía.

 La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) también había solicitado que Torres fuera enviada a prisión preventiva por incumplir con lo ordenado por el juzgado. La expresidenciable supuestamente asistió a reuniones con personas vinculadas a la UNE, pese a que tenía prohibición para involucrarse en las mismas.

El fallo fue dictado por Harold Estuardo Ortiz Pérez, Edwin Roberto Ruano Martínez y Santos Sajbochol Gómez.

Señalamientos 

Según el MP, las diligencias de investigación revelaron que la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A. Promotora de Recursos Habitacionales, S. A. (Prohabsa)  y al Grupo Empresarial San Felipe, S. A. como centros de recaudación y administración de recursos  externos al partido por medio de una estructura de entidades  y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña.  De esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que recibió.

Los aportes identificados que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el partido UNE fueron cuantificados en Q27.6 millones. Las pesquisas indican que Torres consintió contribuciones anónimas por casi Q6 millones.