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Justicia

Avanza en la CSJ el antejuicio contra la Fiscal General por filtrar información


Acción Ciudadana señala la alta probabilidad de que Consuelo Porras “haya manipulado y arreglado procesos penales a conveniencia de imputados y de compartir información con el presidente Alejandro Giammattei.

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El Juzgado de Turno que recibió el antejuicio que presentó Acción Ciudadana contra la fiscal general Consuelo Porras Argueta, trasladó el expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La corte debe darle trámite y mandarlo al Congreso, que tiene la competencia para conocer la solicitud y determinar si le retira o no la inmunidad a la jefa del Ministerio Público.

Acción Ciudadana solicita que a la funcionaria se le despoje de inmunidad porque considera que ha incurrido en los delitos de asociación ilícita y obstrucción de justicia, ante varias declaraciones de testigos y del exjefe de la FECI que exponen la forma sistemática y premeditada en la que la Fiscal General posiblemente haya ejercido influencia y manipulación para que los casos avancen, se detengan o se cambien de fiscalías. 

Entre las declaraciones, está la del abogado Marco Alveño, divulgada por elPeriódico, que pagó sobornos a Paola Mansilla a cambio de que el caso contra su cliente, el ex superintendente de Bancos, Edgar Barquín, fuera trasladado a la Fiscalía de Delitos Transnacionales. Alveño relata que Barquín, que se desempeña como asesor informal de la Presidencia, tuvo información del secretario General del MP, Ángel Pineda, quien sirvió de intermediario entre el mandatario Alejandro Giammattei y la Fiscal General.

AC señala que la declaración publicada por elPeriódico da cuenta de la alta probabilidad que la Fiscal General “haya manipulado y arreglado procesos penales a conveniencia de imputados, también, de compartir información con el gobernante Giammattei Falla y que ha sido intercambiada por conveniencia, amistad e, incluso, a cambio de dinero.

La Fiscalía de Delitos Transnacionales es uno de los proyectos estrella de Porras y que por orden suya, también se quedó a cargo del caso contra Leyla Lemus, que estaba investigando la FECI. Ese caso contra la ahora exsecretaria General de la Presidencia y actual magistrada titular de la CC designada por Giammattei, marcó un aumento de las presiones de Porras hacia Sandoval.

En el antejuicio, AC también señala que la decisión de Porras de despedir a Sandoval es arbitraria e ilegal, puesto que no se basa en ningún fundamento legal o de la Constitución ni en un procedimiento previo, lo cual vulnera los principios de independencia de la carrera fiscal.

A favor de imputados

Además,  la organización considera que Porras debe ser investigada y procesada a partir de la denuncia pública del fiscal Sandoval, la noche del 23 de julio. El exjefe de la FECI señaló a Porras de emitir instrucciones para acelerar investigaciones, que derivaron en protección a personajes políticos, como la excandidata a la presidencia de la UNE, Sandra Torres o el partido Unionista. 

Sandoval también denunció que por instrucción de Porras se retiraron de la FECI casos que podrían alcanzar a la cúpula del Ejecutivo, como la presencia de rusos en la Casa Presidencial o el hallazgo de los Q122 millones vinculados al exministro José Luis Benito, en el que se estaba investigando “la declaración otorgada en anticipo de prueba de una persona cercana a la campaña del partido Vamos que explicó la posible relación del dinero incautado, con el partido del Gobierno y con el hecho que el exministro estaba siendo considerado para el cargo a partir de enero de 2020”. Como parte de las pesquisas, se requirió una declaración del ex secretario privado de la Presidencia, Giorgio Bruni.

La defensa de Porras

En entrevistas a medios televisivos la Fiscal General descalificó la denuncia pública del exjefe de la FECI. Sobre las declaraciones de testigos, el MP ha señalado que esperará a que las investigaciones concluyan y mantiene en sus cargos a los secretarios mencionados en las declaraciones, Ángel Pineda y Paola Mansilla.

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