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Justicia

Estuardo López, secretario contra la Corrupción del Ministerio Público: “Tampoco hemos inventado el agua azucarada”


El Ministerio Público (MP) asegura que está fortaleciendo las fiscalías, mientras EE. UU. oficializa la propuesta de una fuerza de tarea contra la corrupción.

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¿Cómo toman la propuesta de Estados Unidos para crear una fuerza de tarea contra la corrupción?

Nos enteramos a través de un comunicado y de algunas entrevistas de funcionarios de Estados Unidos. Como Ministerio Público tenemos un compromiso total con cualquier iniciativa en contra de la corrupción y la impunidad. He estado en algunas reuniones y he escuchado de manera general los planteamientos y he escuchado la respuesta de la Fiscal General en el sentido de que estamos con total apertura de conocer cuáles sean los proyectos, entiendo que oportunamente los presentarán y a partir de esto tendríamos que analizar, desde nuestra competencia y desde la legalidad, para apoyar la iniciativa.

Estados Unidos ofrece asesores en litigio e investigadores especializados. ¿Con qué estado de fuerza y capacidades cuenta el MP? 

Tenemos fiscalías especializadas, con competencia específica en la lucha contra la corrupción -Fiscalía contra la corrupción, de Delitos Transnacionales, Migrantes; FECI-. En la Fiscalía contra la Corrupción se apostó por mejorar la infraestructura y se han implementado las Unidades de Asistencia Técnica (UAT), esto quiere decir que tienen sus propios equipo de analistas (4), investigadores DICRI (10) e investigadores policías DEIC (10) (Se ofreció corroborar estas cifras pero hasta el cierre no hubo respuesta). En el caso de FECI, esta administración la institucionalizó, luego de ser una Fiscalía que dependía del convenio que Guatemala firmó con Naciones Unidas y se reabrió la sede en Quetzaltenango.

Y el MP ahora tiene cobertura nacional. El fenómeno de la corrupción y la impunidad demanda fiscalías especiales como las que le planteé, pero también la sucede en otras latitudes y esas agencias fiscales son la fuerza con que contamos.

La cobertura de esas agencias se limita a la toma de denuncias ¿pero la corrupción local se está investigando y se está llevando ante la justicia a esos actores locales?  

Tiene usted razón parcial en el planteamiento en cuanto al fenómeno de la corrupción per se. Las fiscalías especializadas son las que mencioné, pero hablar de impunidad es también hablar de aquellos procesos que no han tenido un debido tratamiento y diligenciamiento y aquí es la importancia de la cobertura. No hemos logrado o creo que no hemos tratado y no se ha podido llegar al verdadero funcionamiento de las agencias en municipios. La percepción es que son meros centros de recepción de denuncias y no es así. Hay que entender cuál es el sentido de estas agencias. De acuerdo con nuestra legislación procesal, del 100 por ciento de delitos, el legislador ha dividido los delitos en dos grandes grupos, menos graves y más graves.

Los delitos menos graves tienen penas menores a cinco años de prisión y representan más del 70 por ciento del catálogo de los delitos. Las agencias en municipio deben de encargarse del diligenciamiento de los delitos menos graves -como el maltrato contra personas menores de edad, que es el segundo delito más denunciado, lesiones, hurtos- ante los juzgados de Paz en cada municipio. Tenemos una falencia, porque le tiramos la chibolita al Organismo Judicial porque sólo algunos juzgados de Paz son operativos; cuando implementen en los 340 municipios podemos hablar de un verdadero centro de justicia para diligenciar todos los delitos menos graves. Esto quiere decir que las fiscalías Municipales y las Distritales se van a descargar de los delitos de bagatela para concentrarse con los delitos más graves, que sí tienen un impacto más social como violación, secuestro y la criminalidad organizada. Los resultados nos están diciendo que del 100 por ciento de las denuncias se le da salida procesal al 80 por ciento. 

Muchas de esas salidas son la desestimación de la denuncia ¿eso repara a la víctima?

Cada fiscal tiene que buscar la salida legal con base en los elementos de la investigación y una de las opciones es la desestimación, son los medios de investigación los que le permiten al fiscal tomar la salida.

¿No se coordinó con el OJ, por ejemplo desde la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, para que junto con las agencias municipales funcionaran los juzgados de Paz para diligenciar las denuncias por delitos menos graves? 

La Fiscal General lo ha estado planteando, porque la excusa que se tenía para no implementar el procedimiento de delitos menos graves, vigente desde 2011, es que no había agencia fiscal del MP. Ahora se acabó con esa excusa. 

Los traslados del fiscal Estuardo Campo y luego del auxiliar Eduardo Pantaleón son vistos como un debilitamiento de la Fiscalía contra la Corrupción ¿Cómo lo explica?

La FCC ha sido de las que estaban poco fortalecidas y hemos estado buscando fortalecer. A Campo, por su capacidad en litigio y operativo, se le pidió apoyo para dirigir la Fiscalía de Migrantes, hubo una discusión y luego aceptó. En cuanto a Pantaleón, desde tiempo atrás, se había estado haciendo análisis de riesgo porque había requerido más personal de seguridad. Por recomendación de Recursos Humanos se propuso el traslado por sugerencia del Departamento de Seguridad, la señora Fiscal privilegiando la seguridad la integridad y sobre toda la vida, decidió ese traslado. El auxiliar, auxilia, valga la redundancia, auxilia a un agente en el diligenciamiento de los procesos pero quien tiene la dirección es el agente fiscal, que sí continúa.

¿La Fiscalía contra el Crimen organizado no tenía a alguien con esa experiencia operativa? 

Sí, es especializada pero a la Fiscalía de Migrantes que se creó en 2018 por petición de agencias internacionales, queremos darle mucha importancia con el acompañamiento de USAID. El operativo en la Fiscalía de inmigrantes es muy importante porque casi siempre se dice: ahí hay un bus que llevan migrantes, hay un grupo que está haciendo manifestación que viene desde Honduras… o sea, se necesita una capacidad operativa muy importante para la persona que lo dirige.

A Campo se le valoran sus capacidades para potenciar la Fiscalía de Migrantes, pero a Pantaleón que trabaja con casos complejos y que tocan a funcionarios, se le manda a una fiscalía que tramita mora. ¿No es esto un desbalance entre sus capacidades y las competencias que se le delegan?

Hay un conflicto de valores, entre los expedientes y la vida, la integridad de la persona.

¿No hay manera de proteger la vida del trabajador, con más equipo de seguridad u otras medidas que le permitan continuar con su trabajo?

En el primer momento se le asignó seguridad, se le aumentó pero ahora la sugerencia es el cambio para privilegiar la vida y la integridad. Los traslados en el Ministerio Público son muy frecuentes, más o menos en 40 mensuales. En tres años, yo conozco unas cuatro o cinco personas que han sido trasladadas por seguridad, tal vez son menos notorios que lo que pasó con Eduardo Pantaleón pero sí se han dado.

¿No será que toca atender el problema de la seguridad y el apoyo para que los fiscales continúen con sus casos?

Toda persona que trabaja en el MP va a tener un riesgo. Cada unidad tiene su propia competencia y si el departamento de seguridad está dando una alerta, sugiere traslado. Además, quienes dan los lineamientos de las investigaciones son los agentes fiscales y todos ellos continúan por lo que no habrá una ralentización de los procesos por la salida del auxiliar.

¿Desde la Secretaría usted se involucra en el análisis de casos?

La función es básicamente administrativa, no damos directriz de hacia dónde debe encaminarse un caso, es el enlace entre las fiscalías y la señora fiscal.

¿Identifica dos logros de su secretaría en favor de las fiscalías que dan seguimiento a casos de corrupción?

A nivel internacional Guatemala tiene básicamente dos instrumentos internacionales en materia de corrupción del cual somos parte, del convenio las Naciones Unidas contra la corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, basado en esos dos instrumentos como Secretaría, juntamente con otros órganos del Estado, somos los encargados de dar seguimiento a su cumplimiento.

A nivel Estado, la Secretaría tiene la función de ser el enlace con otros órganos en la búsqueda de la lucha contra la corrupción. Dígase por ejemplo, Contraloría General de Cuentas; Comisión Presidencial contra la Corrupción, con quienes hemos ido articulando y por ejemplo, ahora vamos a ir buscando la implementación de la Política Nacional Civil de Lucha contra la Corrupción.

Y el tercer eje, a nivel del MP básicamente hay dos grandes áreas que nosotros hemos ido tratando de cubrir, área administrativa y área fiscal.

En el área administrativa, hay unidades administrativas del MP que también debemos ir buscando la lucha contra la corrupción a nivel interno. Le hablo de juntas disciplinarias y la implementación de un de algo que hemos denominado “Sistema de integridad”. Esto consiste como una palabra lo dice, un sistema que vaya buscando que el actuar del personal del MP se vaya desarrollando desde la ética, desde todos esos valores éticos y morales que todo funcionario público deberíamos de practicar y más los del MP.

La Secretaría es enlace de la Fiscalía contra la corrupción; FECI; Fiscalía contra el lavado de dinero; Fiscalía de extinción de dominio; Fiscalía de delitos administrativos; Fiscalía de Asuntos Internos; y la Fiscalía de Migrantes, ahí se han ido teniendo logros muy importantes.

¿Qué ejemplo de logro puede mencionar y que la gente usuaria del MP pueda percibir o experimentar? 

Nosotros somos el enlace del Ministerio Público, que forma parte de varios convenios interinstitucionales, por ejemplo dos básicamente: el convenio para la buena gobernanza y el convenio Anticorrupción y a través de esos convenios con los enlaces, que tenemos la instituciones vamos a ir creando proyectos que sean sensibles a nivel Estado. Estamos justamente con la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que tiene el apoyo de USAID para ir creando la política de Estado en materia de lucha contra la corrupción. Guatemala es un estado que no tiene una política a nivel Estado en materia lucha contra la corrupción.

En cuatro meses esperamos tener el primer resultado, crear una plataforma tecnológica que nos permita tener acceso a información de instituciones públicas para poder ir viendo, por ejemplo, el fenómeno de la corrupción que se pueda ir dando y que todos sabemos, por ejemplo, en el tema de las contrataciones del Estado. Ir pudiendo tener acceso a la información que nos brindan juntamente con las otras instituciones de esa información y podamos hacer análisis y podamos detectar si se da el fenómeno de la corrupción para posteriormente poder ir teniendo, eh… denuncias penales y lógicamente procesos penales.

Nosotros también somos enlace con la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que tienen su competencia para poder detectar alertas de corrupción en el Organismos Ejecutivo. Ellos la inician, las presentan en algunas fiscalías y nosotros también, a nivel administrativo, darle seguimiento a esas denuncias que vaya presentando la comisión presidencial.

Y a nivel interno, y este es un tema que hemos querido resaltar mucho, el recurso humano que está ingresando en las instituciones del Sector Justicia. Debemos de ir buscando la calidad del recurso humano que está ingresando y ahora como Ministerio Público creo que vamos a llevar la vanguardia, punta de lanza en ese tema. Con el acompañamiento de la Secretaría contra la Corrupción, la señora Fiscal creó la unidad de análisis y verificación. Nosotros ahora como Ministerio Público cambiamos sustancialmente el sistema de ingreso al Ministerio Público, aparte del procedimiento ya establecido que tenemos el recurso humano que hay que evaluarlo teóricamente, que hay que hacer de estas entrevistas psicológicas y aparte de todo el procedimiento le hemos agregado un espacio más al procedimiento. Y entonces estamos haciendo evaluaciones más profundas del personal que está ingresando. Hemos logrado detener, no le tengo ahorita un número exacto, pero si lo tendré, de personas que han querido ingresar y que tienen nexos con las pandillas, con el crimen organizado, que tienen antecedentes penales y que creemos que no es el personal óptimo para ingresar al Ministerio Público.

La gente quiere acciones y reacciones, por ejemplo, ante la denuncia por el contrato de la vacunas Sputnik y otras muchas quejas contra instituciones del Ejecutivo por no cumplir con sus funciones. ¿Cuál es su respuesta ante esa gente que se ve tan poco atendida y escuchada por el MP?

Los  expedientes que están en las fiscalías, no me puedo pronunciar yo directamente porque no es mi competencia. Sin embargo, si le puedo decir que el papel de la Secretaría es buscar que cada una de las fiscalías, pero más especialmente las 7 que le mencioné, puedan tener un desarrollo con más celeridad, con más eficiencia, con más eficacia, porque cabalmente las palabras que usted me dijo son las palabras que muchas veces le digo a las reuniones a los fiscales de estas fiscalías, cómo vamos dando respuestas más pronta (chasquea los dedos) porque eso es lo que espera la población. La Secretaría va dando un acompañamiento a efecto de ir buscando mecanismos de cómo los expedientes de esas fiscalías se vayan desarrollando de una manera, con más celeridad para que puedan dar la respuesta que la población espera. Efectivamente, debemos ir buscando el análisis de fenómenos y dándoles acompañamiento a la Fiscalía. El ser el enlace con la señora Fiscal también debe permitir que los fiscales desarrollen sus labores de una manera más eficaz y eficiente.

¿Su Secretaría considera que cuatro analistas para el volumen de expedientes que recibe la Fiscalía contra la Corrupción es lo óptimo para tener respuestas efectivas?

No es lo óptimo. Lógicamente, cada vez debemos de ir fortaleciendo más estas fiscalías como lo hemos venido haciendo. Anteriormente la Dirección de Análisis Criminal (DAC) concentraba todos los expedientes de todas las fiscalías del país. Nosotros hemos cambiado esa dinámica, ya estaba en algunas fiscalías, como contra la Vida, Extorsión, tampoco hemos inventado el agua azucarada, pero sí le hemos dado más énfasis a la descentralización de tal cuenta que ahora hemos buscado que cada una de las fiscalías tenga sus propios analistas, sus propios investigadores y sus propios DEIC. Cuatro analistas es muy poco, lo ideal es que debiera tener cinco analistas cada agente fiscal… No, no, no sé el número, no soy el técnico.

Y otro tema importante es la especialidad que van tomando estos analistas estos investigadores porque se van especializando en ese tema en específico que están desarrollando. En cuanto a su pregunta y con honestidad, son pocos, sí son pocos, pero ese es el primer paso.

¿Por eso mismo, no es un problema urgente la seguridad y la estabilidad, para que en unos meses no tengan que trasladar a personal especializado?

Nosotros siempre vamos a privilegiar la vida y la integridad de un funcionario público siempre. Fue sensato de la Fiscal General privilegiar la vida e integridad.

¿Usted podría recomendar que el caso por falsificación de certificados de los magistrados del TSE sea investigado por una fiscalía con más capacidad instalada para casos complejos?

La investigación se inició de oficio por  falsificación de documentos y ese delito lo conoce específicamente la Fiscalía Metropolitana.

Pero se trata de dos magistrados y el proceso de postulación del Tribunal Supremo Electoral ¿No sería prudente que lo investigara una de esas fiscalías con más capacidades?

No me había puesto a pensar yo eso, buena pregunta. 

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