El exfiscal anticorrupción del Ministerio Público (MP), Eduardo Pantaleón, confirmó que fue trasladado de la Fiscalía contra la Corrupción a la Fiscalía Liquidadora. El pasado 24 de junio, Pantaleón anunció una investigación por supuestas plazas fantasma y contrataciones irregulares vinculadas a funcionarios en el  Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito.

Según las mismas declaraciones del fiscal, el caso surgió por una denuncia presentada en abril de 2021 por la supuesta contratación anómala de 109 personas, quienes no habrían cumplido con  una convocatoria anunciada en julio de 2020. “No ingresaron a laborar a la institución conforme a las bases establecidas, sino por apadrinamientos o recomendaciones de funcionarios públicos”, aseguró Pantaleón. 

De acuerdo con el exfiscal del caso, en esa pesquisa figuran como señalados funcionarios de los tres poderes del Estado, quienes habrían solicitado las contrataciones en esa entidad. Por ese expediente también se investigaba a la exdiputada y directora Alejandra Carrillo.

El 10 de ese mismo mes, Pantaleón coordinó un allanamiento en ese Instituto para el secuestro de documentación en seguimiento a una investigación. La fiscalía indicó que la diligencia se relaciona a una pesquisa iniciada por la supuesta sobrevaloración del edificio donde opera la institución y a la presunta manipulación y falsificación de documentos del contrato de arrendamiento.

“Desde cualquier espacio en el que me encuentre, siempre estaré dispuesto a darlo todo por la institución y por el país, me voy satisfecho con el trabajo realizado hasta el día de hoy, con una medalla en el pecho y con un trofeo en mis manos, porque de mi parte, se realizaron los mejores esfuerzos para combatir el flagelo de la corrupción”, expresó el fiscal. 

Otras investigaciones

Pantaleón tenía asignados distintos procesos en los que figuran como acusados exfuncionarios públicos. Entre los casos que investigaba están: Libramiento de Chimaltenango y Corrupción en el Ministerio de Cultura y Deportes.

En esos procesos se giraron órdenes de captura contra el exjuez Mynor Moto, los exministros Elder Suchite y José Luis Benito, además de empresarios que también son investigados en dichos expedientes judiciales. 

Una agencia de empleos

Una publicación de elPeriódico reveló que el Instituto para la Víctima es utilizado por los políticos como una agencia de empleos para sus familiares, partidarios y amigos.