La Fiscalía contra la Corrupción revisa 91 expedientes de personas contratadas por el Instituto de la Víctima, para determinar si hubo o no alguna irregularidad en la adjudicación de las plazas.

El ente investigador secuestró los expedientes en seguimiento a una denuncia que señala supuestos acuerdos o recomendaciones para favorecer a determinadas personas, pese a que no cuentan con el perfil idóneo ni requisitos para ocupar las plazas.

El Instituto tiene una plantilla de 712 trabajadores, más de la mitad son abogados litigantes que acompañan a las víctimas de diversos delitos. La institución comenzó a prestar servicios al público en septiembre pasado y en su memoria de labores de 2020 registra un promedio mensual de 360 asistencias legales. El número se ve chico, si se tiene en cuenta que cada mes el Ministerio Público recibe una media de 4 mil denuncias de violencia contra la mujer, el delito con más incidencia en el país.

elPeriódico ha documentado que el Instituto supone un bolsón de corrupción, pues ha contratado como asesores o parte del equipo a personas vinculadas con el poder, como Nery Medina, el hijo de un magistrado de la CSJ; la esposa del exjuez y prófugo Mynor Moto; la hermana del exdiputado Juan Manuel Giordano, entre otros.