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La Fiscalía contra la Corrupción revisa 91 expedientes de personas contratadas por el Instituto de la Víctima, para determinar si hubo o no alguna irregularidad en la adjudicación de las plazas. El ente investigador secuestró los expedientes en seguimiento a una denuncia que señala supuestos acuerdos o recomendaciones para favorecer a determinadas personas, pese a que no cuentan con el perfil idóneo ni requisitos para ocupar las plazas. El Instituto tiene una plantilla de 712 trabajadores, más de la mitad son abogados litigantes que acompañan a las víctimas de diversos delitos. La institución comenzó a prestar servicios al público en…
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