Edmundo Lemus benefició a Coamco con contrato de una obra que no estaba programada

El exministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus, favoreció irregularmente a la empresa Coamco con una adjudicación de obra pública. Las anomalías fueron recolectadas por la Contraloría General de Cuentas (CGC). La constructora, propiedad de Juan Pablo Mansilla Morales, obtuvo el contrato para hacer trabajos de mejoramiento en un tramo carretero entre San Cristóbal Cucho y San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. El valor original del proyecto fue por Q58.80 millones, a la fecha es de Q67.20 millones. La obra no estaba contemplada en el Plan Operativo Anual de la Dirección General de Caminos de 2020 y tampoco se contaba con disponibilidad presupuestaria. No obstante, Lemus aprobó la adjudicación el 28 de julio de 2020. Posterior a ese acto, según la Contraloría, se debía suscribir el contrato en 10 días. Esto no ocurrió. El 17 de diciembre de ese mismo año, el ex-Ministro decidió anular el evento, debido a que el proyecto no había sido aprobado en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Ante esa decisión, Mansilla Morales interpuso un “recurso de revocatoria” el 29 de diciembre de 2020. Este fue declarado con lugar por Lemus. Pero la Contraloría consideró que tal situación fue anómala, ya que la impugnación interpuesta por el empresario no era la correcta. En cambio, debió presentar un “recurso de reposición”. Incluso, el propio Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) le pidió a Coamco que rectificara el recurso en enero de 2021. La Procuraduría General de la Nación explicó que no existía razón válida para que se solicitara tal enmienda. De hecho, esta última institución reconoció que la impugnación planteada por la constructora tenía que ser rechazada, ya que “a todas luces” era improcedente. Pese a ello, Lemus la admitió y revocó la decisión con la que había anulado el proceso. De esa manera, el 28 de abril de 2021, el ex-Ministro reactivó el concurso público. Después de eso, Caminos firmó el contrato con Mansilla Morales el 4 de mayo de 2021 y el citado funcionario le dio su aprobación al convenio dos días después. Justificación El ex-Ministro le manifestó a la Contraloría que aceptó continuar con la contratación, pese a que ya la había anulado, porque las causas que originaron dejar sin efecto dicho procedimiento no eran “imputables al contratista –Coamco–”. “Evitando con ello, vulnerar no solo derechos administrativos, sino de carácter constitucional”, detalló el congresista. Respecto a por qué aceptó un recurso que no era el correcto, mencionó que “nunca” incumplió con las obligaciones de su cargo. “En todo momento velé por el estricto cumplimiento de la normativa legal aplicable para este tipo de procesos”, agregó. Sus comentarios no fueron aceptados y la CGC confirmó los hallazgos en su contra. Asimismo, el ente fiscalizador indicó que él podía prescindir de esta negociación, como lo establece el artículo 37 de la Ley de Contrataciones del Estado. Esa facultad se puede ejercer antes de que se suscriba el contrato entre una entidad estatal y un oferente. Hallazgos La CGC consideró que en esta licitación pública hubo falta de transparencia del gasto, ya que se incumplió con el proceso de adjudicación que establece la Ley de Contrataciones del Estado y porque se aceptó una impugnación que no correspondía. El ente fiscalizador subrayó que no se suscribió el convenio dentro del plazo establecido. Es decir, dentro de los 10 días posteriores a la adjudicación definitiva, tiempo que empezó a computarse a partir del 29 de julio de 2020. Además, acotó que hubo inobservancia de la normativa legal, al admitir el recurso de revocatoria cuando no aplicaba y al permitir su rectificación cuando ya había terminado el periodo para plantear el recurso adecuado. Por las irregularidades en esta contratación, la CGC le impuso una sanción económica al ex-Ministro y diputado de Q1.06 millones. elPeriódico consultó a la Contraloría en torno a si interpondrá una denuncia en contra de Lemus, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. Corrupción Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, dijo que es “tan obvio” el esquema de corrupción que hay en la contratación pública de la cartera de Comunicaciones. “La Contraloría siempre llega tarde”, añadió. “Es realmente lamentable que la CGC viendo que es un esquema de corrupción obvio y evidente, vaya con multas y sanciones administrativas, cuando lo que corresponde en este caso es hacer una denuncia penal”, puntualizó. El congresista Orlando Blanco, integrante del Grupo Parlamentario de Oposición, manifestó que los hallazgos que emanan del informe del ente fiscalizador confirman “el pago de facturas políticas”, producto de financiamientos electorales “recibidos durante la última campaña presidencial”. Historial Una investigación de El Faro detalló que el mandatario Alejandro Giammattei habría negociado, con José Luis Benito, un aporte de Q20 millones para su campaña política. Los fondos aparentemente, provendrían de un anticipo pagado a Coamco por un proyecto que le fue otorgado a finales de 2018.

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