Ni la Secretaría General, con los subsecretarios, ni todo un departamento jurídico, ni un cuerpo de 14 asesores, lograron resolver las dudas del presidente Alejandro Giammattei sobre las citaciones en el Congreso, las interpelaciones y la prerrogativa de los diputados en cuanto a la irresponsabilidad por sus opiniones. Todas esas preguntas llegaron hasta el pleno de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ayer celebró una vista pública para explicar las respuestas —durante casi dos horas—, las cuales se resumieron en la lectura reiterada de los artículos de la Constitución y leyes específicas que regulan los procedimientos como las citaciones y las interpelaciones.  La Presidencia también pidió a la CC analizar y emitir una opinión consultiva sobre un proyecto de acuerdo gubernativo que pretende regular la forma de realizar las consultas comunitarias que manda