Ni el IGSS ni el Gobierno han comprado medicamentos con la Ley de Emergencia

Un mes después de que el Congreso aprobó la Ley de Emergencia Nacional para la Atención de la Pandemia COVID-19, con la que se facultó al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) adquirir de manera ágil medicamentos, insumos y servicios, ninguna institución ha logrado concretar compras para la atención de la pandemia. El Decreto 11-2021 que dio vida a la Ley de Emergencia entró en vigencia el 22 de septiembre, un día después de su publicación en el Diario de Centro América, y una semana después el MSPAS publicó el Reglamento de la Ley. Aunque el decreto se aprobó para agilizar las compras para la atención de la emergencia y se definió un listado básico de medicamentos, servicios e insumos, los procesos de compra no están iniciados. Francisco Coma, ministro de Salud, justificó que el retraso en las adquisiciones se debe a los procesos administrativos que se han llevado a cabo en el Ministerio de Salud, así como a la elaboración de reglamentos, pese a que el Acuerdo Gubernativo 197-2021 con el que se creó el Reglamento de la Ley de Emergencia ya fue publicado. “Ya se terminaron los procesos de ordenamiento presupuestario, las unidades ejecutoras son las que tenían que enviarnos todas las programaciones y ya hoy se están subiendo los eventos. Recuerde que esta ley obligaba a crear una serie de reglamentos y establecía tiempos de entrega, y hoy ya se envió al Congreso la información de cómo quedó la ejecución por unidad ejecutora”, indicó el Ministro. elPeriódico también buscó una respuesta del IGSS sobre el retraso en las adquisiciones, pero su presidente José Flamenco Jau no respondió las llamadas hechas a su celular. Listado básico De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud, la positividad de casos COVID-19 ha disminuido en comparación con meses anteriores cuando se saturaron los hospitales. No obstante, en lo que va de la emergencia, el sistema de Salud ha sufrido desabastecimiento y falta de personal cuando los centros asistenciales rebasan su capacidad de pacientes. Con la Ley de Emergencia, el IGSS y el MSPAS tienen hasta el 31 de diciembre para agilizar las compras de medicamentos escasos para tratar a pacientes con coronavirus como el Tocilizumab, Remdesivir, Fentanilo y Midazolam; también insumos hospitalarios, equipo, oxígeno y contratar servicios de personal. El Ministerio de Salud tendrá un presupuesto de hasta Q1.8 millardos Sin campañas para pueblos indígenas Ayer, la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Patricia Letona, reconoció durante una citación en el Congreso que en 2021, el gobierno no ha invertido en campañas de información sobre el COVID-19 en comunidades indígenas. Pedro Muñoz, asesor de Comunicación del Ministerio de Salud, informó que de los Q14.2 millones que esa cartera tiene presupuestados para realizar campañas de información, solo se registra una ejecución de Q81 mil 143. La Ley de Emergencia también obliga a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, a elaborar campañas en coordinación con la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. En los 22 eventos de compra publicados en Guatecompras para adquirir servicios de divulgación en radios comunitarias, la Secretaría no especifica que los mensajes serán transmitidos en idiomas indígenas. Solo se indica que, si el medio “adicionalmente” transmite en idiomas mayas, debe incluir el costo de traducción y grabación en dicho idioma. Cambios en la Secretaría Fuentes del Organismo Ejecutivo informaron que a partir del 31 de octubre Patricia Letona dejará la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) por desacuerdos con el presidente Alejandro Giammattei. elPeriódico intentó comunicarse con Letona, pero la secretaria no contestó las interrogantes en torno a su destitución. Letona antes de llegar a la SCSP dirigió el Departamento de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue jefa de la Coordinación General de Acceso a la Información Pública del Congreso de la República y previamente fue candidata a diputada al Parlamento Centroamericano por el partido Unionista, sin embargo, no fue electa.

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