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Ejecutivo

Gerente de Empornac realizó oferta sin consultar a la Directiva


En citación con diputados de la UNE funcionarios del Ejecutivo reconocieron que han existido acercamientos con dichos inversionistas desde el año pasado. 

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En citación con diputados de la UNE funcionarios del Ejecutivo reconocieron que han existido acercamientos con dichos inversionistas desde el año pasado. 

El pasado 6 de agosto Atlantic Bulk Cargo, S. A. envió al gerente de Empornac varios comentarios en relación al interés de arrendar el área e instalar servicios de carga y descarga en el lugar. En el documento se detalla cuál es el área solicitada, pagos por muellaje, por tonelada y servicio de báscula y uso de maquinaria ajena al puerto.

Esta carta de intención fue contestada por el gerente general de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), Erick De León Lobos, quien  envió una contrapropuesta a la empresa Atlantic Bulk Cargo, S. A. La propuesta de De León incluye precios por renta de metro cuadrado, tarifa de carga, cobro por muellaje y uso de básculas. 

Pese a que el tema aún no ha sido elevado a la Junta Directiva de Empornac, según confirmó el viceministro de Comunicaciones, Rodolfo Letona, la oferta planteada por De León fue aceptada en una parte por los inversionistas rusos. Al cuestionar al gerente de la portuaria  las razones por las que dio una respuesta anticipada a los mineros, con un tono nervioso De León indicó que se elaboraron los dictámenes correspondientes, aunque no mostró ningún documento. 

“Eso es abuso de autoridad porque los dictámenes no existen”, indicó el jefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barreda. Letona así como los ministros de Energía y Minas, Alberto Pimentel y el de Economía, Antonio Malouf, prefirieron no emitir opinión ante los señalamientos en contra del gerente general en la reunión de ayer con los diputados.

Sin estudios de impacto 

Otra de las denuncias planteadas por los legisladores es que no existe un estudio de impacto ambiental, ello ante todo el movimiento de tierra que se prevé sea desde Panzós, Alta Verapaz, hasta el área de la arenera en el Puerto Santo Tomás de Castilla en Izabal. De concretarse dicha negociación, circularán más de 300 camiones diarios con material natural que se extrae de dicha región. 

Según explicó Barreda esto afectaría el puente Cahaboncito y los tramos carreteros de Alta Verapaz, además podría contaminar el río en donde se depositaría la mena que es transportada en bruto por camiones de la empresa Mayaniquel que actualmente opera en el lugar. 

“¿Qué operaciones tiene aquí en Guatemala Mayaniquel?”, preguntó Barreda a Pimentel. El funcionario aclaró que es una empresa subsidiaria de Suiza y que desconocía si se trataba de rusos, respondió al cuestionamiento que la empresa tiene actualmente derechos mineros, de explotación y exploración en Alta Verapaz e Izabal, además de nuevas solicitudes. 

Reuniones previas

Pero el acercamiento con los inversionistas rusos no se inició este año. Tanto Malouf como Pimentel confirmaron que el año pasado existió una reunión con dichos inversionistas en la que también participó en su momento el actual coordinador general adjunto del Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad de Guatemala (Pronacom), Isaac Farchi, aunque los dos dijeron desconocer la nacionalidad de los empresarios. 

Malouf reconoció que recibió este año una delegación de inversionistas y los acompañó a Petén. “Como ministro la labor es hacer crecer la parte económica y es por medio de la búsqueda de inversión. En tanto, Pimentel manifestó que se ha reunido con los empresarios al menos en tres ocasiones (2020-2021) para hablar sobre las solicitudes de exploración que están en trámite en la cartera que dirige. 

Barreda pidió a los funcionarios citados suspender el proceso e informarse bien sobre un tema que empezó con una denuncia, esto en alusión a lo declarado por el extitular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.

Agregó que existen otras dudas, entre ellas que no se conoce que área es la que se pretende otorgar, no existe un estudio de impacto ambiental, se simula una figura de arrendamiento, no hay certeza jurídica y existen interrogantes sobre la transparencia del proyecto. 

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