El lunes pasado, el pleno del Congreso no ratificó el Estado de Calamidad Pública para atender la emergencia del COVID-19, uno de los argumentos fue que el Ejecutivo realizaría compras sin control por un plazo de 30 días. Ayer, en reunión de jefes de bloque los representantes de cada bancada comenzaron con la discusión de un anteproyecto temporal para la adquisición de medicamentos, bienes, suministros, material médico quirúrgico y servicios, por medio de  un mecanismo por excepción, medida que tendrá vigencia no un mes, sino tres. 

De entrada, las autoridades del Ministerio de Salud explicaron a los legisladores que para resolver la actual crisis coyuntural de salud se requieren Q2.5 millardos además de mejorar y remozar los hospitales de la red nacional de Salud. “Estamos afinando las necesidades específicas para que sean incluidas en la ley”, indicó el viceministro Francisco Coma, seguido de ello llovieron las propuestas de cada bancada para incluirlas en una iniciativa de ley que podría superar los 23 artículos originales. 

Aunque la discusión se enfrascó en el título de la iniciativa y el primer artículo, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, dijo que las más de tres horas en las que estuvieron reunidos no fue una pérdida de tiempo. 

Entre lo avanzado ayer se establece que: “si bien es cierto la existencia del marco regulatorio dispuesto para la verificación de la adquisición o contratación de bienes insumos y personal que demanda el Estado (Ley de Contrataciones) tiene por finalidad entre otras, garantizar la transparencia en el manejo responsable de los fondos públicos, por conducto de una serie de mecanismos, condiciones, plazos y requisitos que condicionan la viabilidad y legalidad de las compras o contrataciones realizadas, esto se encuentra dispuesto o establecido en una realidad muy distinta  a la que actualmente se está viviendo”.

Y continúa: “es imperioso establecer excepciones temporales desde la fecha de entrada en vigor de esta ley en la contratación de este tipo de bienes, servicios, profesionales y auxiliares de la medicina, hasta el 31 de diciembre de 2021, para contar con los insumos y capital humano necesario para cubrir la alta demanda de la atención médico-hospitalaria que enfrenta Guatemala para la atención de las consecuencias provocadas por el COVID-19”.

La idea de la Directiva es que esta semana quede integrado el proyecto con los nuevos artículos que propone Unión del Cambio Nacional (UCN), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Bien,  Semilla, Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Victoria, Todos, Victoria, Visión con Valores e independientes. 

Las propuestas 

Karla Martínez de UCN solicitó que se agregue al capítulo seis, un bono de riesgo para los trabajadores de Salud de primera línea y el traslado de personal 089 y 082 al 022 (por contrato) para que puedan recibir prestaciones. Horas antes el jefe de la UNE, Carlos Barreda, solicitó la incorporación de 15 puntos entre estos la liberación de registros sanitarios, adquisición de insumos en el extranjero, vacunación masiva, contratación de personal, entre otros. 

“Necesitamos información para tomar las decisiones”, expresó Barreda en la reunión quien además pidió el plan de compras y monto de la cartera de Salud, así como que el Ministerio de Finanzas informe cuál es el saldo de caja hasta el 31 de julio. La respuesta de Coma es que enviará a dicho bloque los insumos y recurso humano que se requiere. 

La diputada del partido Semilla y exministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, recomendó una ley ágil y de carácter temporal, además que incluya normas de transparencia. También la agrupación entregó una iniciativa de ley de “alivio económico” para atender la crisis del COVID-19.

Cada bloque argumentó su postura y pidió la inclusión de temas al anteproyecto. Luego de tres horas de discutir el artículo 1 (objeto de la ley) los legisladores quedaron en continuar con el desarrollo de la reunión este jueves luego de la sesión plenaria. 

Integrar ideas

La iniciativa base es la presentada por la bancada Viva, Ley Temporal para la Atención de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, sobre ella se incluirán todas las propuestas presentadas ayer en la reunión de jefes de bloque. Rodríguez solicitó también a Salud, Finanzas y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que entreguen sus planteamientos para avanzar en el articulado de la ley que se prevé sea aprobado  de urgencia.

La iniciativa primaria

> La ley aplicaría al Ministerio de Salud, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Centro Médico Militar y Hospital General de la Policía Nacional Civil.

> Se adquirirán medicamentos, equipo hospitalario, insumos de laboratorio, servicios hospitalarios, oxígeno, equipo médico quirúrgico, fórmulas, equipo de protección personal y publicidad.

> Modalidades
específicas de compras
y contratación 

> Contratación de recurso humano

> Control del gasto y rendición de cuentas  

“El tema de las vacunas está solucionado”

Mientras los diputados discuten la aprobación de un proyecto de emergencia el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci, aseguró que no existe necesidad de comprar más vacunas, “porque las vacunas se vencen y el país ha recibido varias donaciones”, además aseguró que los Q1,550 millones asignados para la compra del inmunizante solo se han desembolsado Q748 millones. 

“El tema de vacunas diría que está solucionado, vamos vacunando entre 60 mil y 80 mil personas diarias, municipios como Guatemala tienen más del 50 por ciento de vacunación, entonces diría que lo que es la vacunación va viento en popa, claramente hay que acelerar”, añadió.  Sin embargo, el funcionario omitió que el porcentaje de vacunados con el esquema completo en el municipio de Guatemala no supera el 34 por ciento y que en 141 municipios la inoculación no llega al 10 por ciento de los habitantes con inmunidad.