Corrupción: crimen de lesa humanidad

Nuestra Constitución, además de los derechos civiles (vida, integridad personal, libertad, justicia legal, seguridad jurídica e igualdad ante la ley) y políticos (participación en la formación, actividades y decisiones de los órganos estatales), reconoce como derechos humanos los derechos sociales, que tienen por objeto garantizar la igualdad de oportunidades (no la igualdad de resultados), así como suministrar actividades positivas por parte del Estado, que se traducen en aportaciones, contribuciones, asistencias, ayudas o apoyos que son suministrados por el Estado a los seres humanos, a fin de garantizarles oportunidad y bienestar.La justificación de la existencia y reconocimiento de los derechos sociales está en que el orden jurídico político debe asegurar, además de la igualdad de condiciones, la prestación de los servicios públicos de educación, salud, alimentación, infraestructura física, garantía de trabajo digno, seguridad social, protección del medio ambiente, etcétera. Por otro lado, estos derechos son derechos humanos, porque los titulares de los mismos son los seres humanos y se fundamentan en la solidaridad y la cooperación inteligente, los cuales son un engranaje indispensable de la vida humana en sociedad.De suerte que los derechos sociales son prestaciones positivas (programáticas) a cargo del Estado, a título de obligaciones ineludibles debidamente financiadas, destinadas, como ya indiqué, a asegurar a los seres humanos oportunidad y bienestar. Por ende, los ingresos del Estado, además de garantizar la plena vigencia de los derechos civiles y políticos, deben destinarse a cumplir con las referidas obligaciones estatales de índole social.Sin duda, la inversión eficiente y eficaz de los recursos públicos (producto de los impuestos) es importantísima en un país como el nuestro, en el cual las grandes mayorías poblacionales viven en condiciones de vulnerabilidad y exclusión, en donde no se han podido erradicar los privilegios, las discriminaciones y la miseria, en cuyo territorio se muere por desnutrición infantil y el acceso a la educación es precario, así como del cual la gente huye para sobrevivir.Por tanto, malgastar, malversar, despilfarrar, desviar o apropiarse de esos fondos públicos vitales, esenciales, para un pueblo que sigue aspirando a una movilidad social ascendente, es, además de una inconsecuencia y crueldad, un verdadero crimen de lesa humanidad, porque atenta contra la vida y el desarrollo integral de seres humanos, cuyas necesidades básicas no se pueden atender.Un crimen de lesa humanidad se traduce en un ataque inhumano generalizado o sistemático en contra de la población civil o en contra de una parte de ella, de carácter internacional, por lo que es susceptible de ser perseguido y sancionado universalmente con castigos ejemplares. Esto supone que los corruptos, además de que deben ser denunciados y expuestos, no se les debe dar tregua ni permitirles refugiarse impunemente en país alguno, sin excepción deben ser juzgados y condenados, así como obligados a devolver lo defraudado.Es imperativo, pues, que termine la grosera tradición de impunidad para los sinvergüenzas, así como que cese la posibilidad de que disfruten de los dineros mal habidos, a costa de la tragedia de una sociedad humana que desfallece en medio de la desesperación, del desamparo y de la falta de oportunidades. ¡Basta ya de ser espectadores ante la iniquidad y la atrocidad de la corrupción!

Opinión

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