Me parece que los diputados que redactaron la Constitución de 1985 pensaron que la academia —entiéndase las universidades y profesionales— debía ser la garante para que las comisiones de postulación, que ellos mismos estaban creando, escogieran siempre a los candidatos más honestos, éticos, capaces y, por lo tanto, a los mejores servidores públicos, dentro de lo posible. Se pensaba entonces que dichas comisiones garantizarían que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tendría excelentes magistrados, que el fiscal general sería el(la) más adecuado(a), que lo mismo sucedería con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el contralor. En resumidas cuentas, que la justicia estaría representada por los mejores y con independencia absoluta. ¿Qué pasó entonces? Pues que aquellas comisiones que debían garantizar que los políticos tuvieran la menor influencia posible en la selección de los candidatos y escogieran así entre los mejores, se fueron torciendo, al extremo de convertirse en un instrumento