La actual legislatura, en abierta violación del proceso constitucional de formación y sanción de la ley, ha emitido dos acuerdos por medio de los cuales se ordena archivar el Decreto 18-2022, aprobado por el Congreso, que contiene la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, y el Decreto 33-2020, también aprobado por el Congreso, que incorpora el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, por Q99.7 millardos (que no fue ejecutado), en vez de haberlos remitido al Ejecutivo para su sanción o veto, como correspondía.   Efectivamente, conforme la Constitución, después de aprobado un decreto, la Junta Directiva del Congreso, en un plazo no mayor de 10 días, debe enviarlo al Ejecutivo para su sanción y publicación. Dentro de los 15 días de recibido el decreto y, previo acuerdo adoptado en Consejo de ministros, el gobernante puede devolverlo al Congreso con