Guatemala es el epítome de una “democracia de fachada”. Bajo un tenue barniz de legalidad, el actual sistema político desalienta la participación ciudadana (en un país con bastante más de 10 millones de ciudadanos en edad de votar, solo ocho y pico están empadronados, y de esos, menos de la mitad —o sea apenas dos de cada cinco votantes potenciales— votaron en “la segunda vuelta” de la última elección). Los partidos políticos, supuestos intermediarios entre la ciudadanía y el Estado, con algunas incipientes excepciones, son, o redes parásitas ilegítimamente prendidas de la teta del Estado, o simples vehículos electorales de…