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Los malos tratos, abusos y excesos a los que han sido sometidos los menores que fueron separados de sus padres son inhumanos y grotescos, e incluso en muchos casos podrían ser tipificados como tortura, de acuerdo con el derecho internacional. El Gobierno de Guatemala, y específicamente la Embajada de Guatemala en Washington, debieron actuar con mayor diligencia y celeridad para tratar de impedir esta desgracia humanitaria, aunque la responsabilidad principal por esas violaciones graves a los derechos humanos es de las autoridades de los Estados Unidos que deberían ser investigadas y procesadas judicialmente por estos hechos injustificables. Además de la legislación interna de cada país, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumano s o Degradantes, establece un procedimiento para examinar estos casos. Correspondería a los familiares de las víctimas, en este caso niños y niñas, o al Estado de Guatemala, acudir
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