Congestión judicial

En 1994, el Estado de Guatemala adoptó el proceso penal acusatorio que impone al Ministerio Público (MP) la carga de la prueba, es decir la obligación de demostrar y acreditar las imputaciones delictivas, a fin de despojar a los acusados del velo de la presunción de inocencia que los resguarda. El proceso penal acusatorio se rige por los principios de imparcialidad judicial, presunción de inocencia, contradicción, igualdad procesal, publicidad, oralidad, restricción de la libertad por excepción e “in dubio pro reo” (la duda favorece al reo). La regulación del proceso penal acusatorio en nuestro país ha venido siendo objeto de enmiendas con el propósito de perfeccionarlo y agilizarlo. Sin embargo, la realidad es que la implementación de dicho proceso sigue mostrando graves deficiencias sistémicas que comprometen su eficiencia y eficacia. La congestión judicial, por ejemplo, es patética y aterradora. El número insuficiente de juzgadores aunado a la exigencia normativa que