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Opinión

Protesta social


¿De la libertad al delito?

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Tristemente, la debilidad institucional, pero ante todo, la falta de convicción ciudadana en contar con un verdadero Estado de Derecho, han provocado que algunas políticas públicas pasen más por el castigo, que por la educación y prevención. Un claro ejemplo es la penalización del financiamiento electoral privado. Luego de muchos años de ni siquiera estar regulado, se pasó a una punición que la propia Corte de Constitucionalidad, para algunos casos, ha considerado draconiana. Habrá pues, a veces, irremediablemente, que recurrir a la producción de legislación penal para intentar detener el libertinaje que no se pudo evitar antes por otras formas menos dramáticas. Pero una cosa es el uso legítimo del “ius puniendi” cuando ya no hay mejor alternativa, y otra, muy distinta, es el abuso del poder Legislativo en materia penal, con fines represivos. Quizás la frase popular “para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”, represente mejor lo

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