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Opinión

Una lección institucional del caso Transurbano


El Consejo de Ministros es un órgano deliberativo, y como tal, debe dar cabida a la disidencia.

 

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Del caso Transurbano, revelado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se pueden escribir toneladas de análisis y reflexiones. En primera instancia, hemos visto que el debate se ha enfocado en temas tan diversos como el grado de responsabilidad en el que podría haber incurrido la ex primera dama, Sandra Torres. Otro eje de discusión se relaciona con el efecto político sobre la narrativa anti-CICIG: al proceder contra el Gabinete entero de la UNE, se desarma la narrativa paracuandista que sostenía el argumento de una persecución ideológica en la lucha contra la corrupción. Otros, por su parte, han enfocado la discusión en la diferenciación de responsabilidades entre quienes tuvieron algún beneficio patrimonial directo versus aquellos cuya responsabilidad es producto de la suscripción del Acuerdo Gubernativo que dio vida al proyecto. Sin embargo, en este último tema, ha faltado una reflexión más profunda. Y

Cada suscripción es un grito en contra de la corrupción y la impunidad

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