¡Urge la supresión de los fideicomisos públicos!

El escándalo en torno al Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (Fapu), que opera en la Municipalidad de la Capital, confirma la necesidad de que se supriman los fideicomisos públicos para la ejecución de gasto público, caracterizados por la ilegalidad, la opacidad, la discrecionalidad y la imposibilidad de ser fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas (CGC). Los fideicomisos públicos para la ejecución de gasto público, a través de los cuales, incluso, se transfieren fondos públicos a organismos internacionales para que, sin observar la legislación nacional, ejecuten gasto público, a cambio de jugosas comisiones, son la mayor fuente de corrupción en el Estado junto con los fondos sociales, las oenegés, las Secretarías de la Presidencia y los Consejos de Desarrollo, que conforman el patético e inextricable “sistema paralelo de gasto público”. Se cuestionan los referidos fideicomisos públicos, entre otras cosas, porque se transmite el dominio de bienes del Estado