Desde afuera
Cuestionar la institucionalidad es un derecho fundamental del ciudadano.
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Cuestionar la institucionalidad es un derecho fundamental del ciudadano.
He estado ausente de Guatemala las últimas semanas, lo cual implicó que me perdiera de la explosiones ciudadanas que han consolidado los reclamos de la Plaza del 2015. Estuve cerca, consumiendo altas dosis de redes sociales, cuando podía. Y, curiosamente, vine a caer en otra vorágine ciudadana: escribo desde Barcelona. El domingo de la semana anterior era el esperado y temido 1 de octubre. El referendo independentista podría haber parecido una idea descabellada… hasta que el Gobierno español tomó medidas radicales para impedirlo. Esgrimiendo como arma “la institucionalidad” tomó una serie de medidas que lograron alinear a muchos catalanes antes indiferentes o indecisos en favor del referendo. En otras palabras, si lo que el Estado español pretendía era disuadir, logró justamente lo contrario: atizó el fuego de la dignidad ciudadana y de la rebeldía. Y he aquí donde los cabos se atan entre Guatemala y Cataluña. Porque tanto allá como
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