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En Guatemala existen más de 70 mil regulaciones de todo tipo (leyes, reglamentos, acuerdos y demás), aunque muchas no pasan de la tinta y el papel, porque la pura verdad es que no hay instituciones sólidas y confiables que las hagan valer. Otras normativas son meras ocurrencias que solo contaminan el régimen de legalidad. No obstante, los diputados siguen aprobando más y más leyes, muchas de ellas, incluso, repudiadas por la opinión pública y la ciudadanía, como, por ejemplo, los decretos de la impunidad, los oscuros y abusivos endeudamientos públicos, los desfinanciados presupuestos estatales y los gravosos impuestos, destinados, en gran medida, a financiar la burocratización, el clientelismo político, los opacos fideicomisos y fondos sociales, los gravosos pactos colectivos de condiciones de trabajo en el Estado, así como la ilegal deuda pública flotante (de arrastre), que ha dado pie a que muchos acreedores sean extorsionados por los funcionarios, etcétera. La
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