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Opinión

El ajuste a la legalidad


A ese punto no se ha llegado.

 

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El presidente Jimmy Morales no se siente cómodo con la política de Washington, tampoco un buen número de diputados de diferentes bancadas, ni ciertos conspicuos empresarios. Asocian a la voluntad de la Casa Blanca la persecución penal contra representativos de las elites –por diversos delitos– desatada en el país desde hace dos años, sin garantía de inmunidad para nadie; además de otros eventos que les incomodan relacionados con el cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la reivindicación de los derechos de comunidades y pueblos indígenas. Están irritados, contrariados y hasta decepcionados, y no encuentran el lenguaje, o sea, la forma de hacer valer sus tradicionales intereses. No pueden decir que están en contra de la lucha contra la corrupción. Tampoco que adversan la aplicación de convenciones globales que aprobó el Estado guatemalteco desde hace 70 años, y hasta ahora. Menos que les disgusta cumplir

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