Magistrada ¿y mentirosa?

La Comisión Pesquisidora del Congreso de la República ha dado un paso significativo para que la Justicia saque de sus oscuros resquicios el delito de Tráfico de Influencias del que han sido acusados varios profesionales que sirven intereses de los grupos saqueadores que, bajo aparentes trámites de legalidad, se apoyan en extensas redes y logran sus ilegítimos objetivos para su millonario enriquecimiento. Al votar 119 diputados a favor de que se retire el derecho de antejuicio a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Aída Stalling Dávila, sorpresivamente han demostrado al pueblo oprimido por el saqueo, que no todos están vendidos a los intereses de las mafias políticas. Por fin, en el actual Congreso de la República, después de un año de dedicarse a tapar y destapar serios delitos cometidos por más de una decena de sus integrantes, se mira una luz al final del túnel. Fueron claras