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El derecho de antejuicio se ha convertido en una verdadera licencia para delinquir, muy conveniente para la clase política en Guatemala. Sin temor a equivocarnos, todos los politiqueros se desvelan por adquirir este patético escudo de impunidad. El derecho de antejuicio o de desafuero, según la Ley en Materia de Antejuicio, es la garantía que la Constitución otorga “a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley. El antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable”. Para ninguno es un secreto que los cargos de diputado y de alcalde (que gozan del derecho de antejuicio) son altamente apetecidos por los politiqueros, al extremo que se paga por ser postulado como candidato
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