Con relación a los supuestos adeudos del Estado a empresas del sector privado, se fueron dando varios casos en el criminal ejercicio del poder político del Partido Patriota. Otro ejemplo monumental es que se reconocía la posibilidad de que el Estado hubiese incumplido con pagos por obras o servicios real y fehacientemente prestados por entes privados, los cuales era necesario reconocer y cancelar, para lo cual debían cumplirse, según el G-40 varias condiciones previas: 1) Conocimiento público del Informe de la Auditoría realizada en 2011 por la empresa Orellana Sánchez, Suazo & Asociados, y que fue anunciado como la fuente para determinar el monto de los atrasos y de compromisos por pagar por parte del Estado. Ello era esencial, puesto que la denominada “deuda flotante” no estaba oficialmente registrada, por lo que sus montos no se habían incluido en los informes de la deuda pública ni en los Estados Financieros