Como ya me permití explicarlo (podría llamarse este artículo “El Comiso, parte final”), el objetivo final del concurso de delitos perpetrado en el caso de la Terminal de Contenedores de Puerto Quetzal, era –y sigue siendo– la defraudación del patrimonio del Estado, defraudación a realizarse por medio de la explotación de un bien público –estratégico terreno contiguo a las instalaciones de Puerto Quetzal– sumado a este–como instrumento del delito– una cuantiosa inversión para hacerlo rentable y consumar, así, la defraudación buscada: hacerse de desproporcionadas ganancias en perjuicio del Estado. Para poder defraudar al Estado, sustrayendo de este la posibilidad de tener los ingresos portuarios en la proporción adecuada, se hacía preciso invertir en el bien adquirido ya que, sin esa inversión. no podía llegarse a la explotación de la Terminal de Contenedores y a la consumación de delito, la indebida renta a percibirse a costa del Estado. Toda inversión, por ende,