En pocos días vimos dos actos que merecen aquilatarse como el despertar de la justicia en nuestro país. De una parte el archiconocido caso de cooptación del Estado, en donde el juez Miguel Ángel Gálvez ligó a proceso penal a 53 de los 57 acusados de estar involucrados en ese caso emblemático, donde el presidente y la vicepresidente junto con varios exministros y un conjunto de empresarios deben rendir cuentas a la justicia. Se puede decir que se trata de algo histórico y que expresa un antes y un después en el comportamiento de la justicia guatemalteca. De forma paralela, siete activistas sociales de Huehuetenango que estaban en prisión por unos dos años, acusados de delitos que no se habían cometido, por fiscales o jueces que bajo presión o por corrupción, atendían a las demandas de una empresa extranjera que quería, contra viento y marea, demostrar que sus intereses y