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Opinión

La tormenta que se avecina


Esa es una violación al derecho de todo abogado a defender y al de toda persona a ser defendida.

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Cuando Nineth Montenegro afirma que los candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad que aceptará el Congreso, serán abogados que no hayan defendido nunca a personas relacionadas con violaciones a los derechos humanos, se refiere a que la Comisión de Postulación que ella integra vetará la participación de juristas que hayan defendido a militares en casos relacionados con el enfrentamiento armado interno. Esa es una violación al derecho de todo abogado a defender y al de toda persona a ser defendida, que tiene sus raíces en los intereses de la empresa familiar de Montenegro, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que se ha beneficiado con millones, producto de juicios contra miembros del Ejército. Similar es el caso de Helen Mack, cuando requiere como mérito profesional de los candidatos que deseen reelegirse como magistrados de la CC, el “relacionarse con funcionarios de diferentes instituciones, organizaciones sociales, indígenas y de derechos

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