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Opinión

Me sumo y agrego


Se impone que en los amparos, cuando proceda, se impongan multas y se condene, tanto en costas como al resarcimiento de daños y perjuicios, a todas las entidades y funcionarios públicos que resulten responsables de la violación de la ley y del agravio.

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Gabriel Orellana Rojas, en su columna Vox Signata que se publica regularmente desde hace varios años en Siglo 21 –y quien pensando en su recopilación ordenada se sirvió concederme el alto honor de pedirme que –llegado el momento– prologue el libro que habrá de contenerlas–, escribió el lunes 24 de noviembre del año pasado una que bajo el título Fomentar la impunidad, contiene una serie de propuestas en materia de amparo a las que me sumo con todo entusiasmo y a las que me permito adicionar algunas otras, en la misma dirección.  Las sentencias de amparo se han dado al vicio, cuando se trata de entidades o de funcionarios públicos, de no condenar en costas a los vencidos y, de igual manera, de no imponer multa alguna a los abogados que los patrocinan, cuando notoriamente frívolos o notoriamente improcedentes, los amparos que interponen, vicio que viene a coronarse cuando se

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